Los colectivos ecologistas que se oponen sistemáticamente a la instalación de proyectos eólicos y fotovoltaicos en suelo bajo la premisa de que toda la demanda eléctrica de Gran Canaria puede cubrirse únicamente con paneles en tejados están incurriendo en un grave error de cálculo y una postura completamente irracional. Afirmar que la generación distribuida en cubiertas de edificios es suficiente para alimentar un sistema eléctrico insular tan complejo y exigente como el de Gran Canaria ignora no solo las limitaciones de espacio real, sino también las barreras técnicas, económicas y operativas que hacen que esta propuesta sea completamente inviable.
La realidad es que la superficie de tejados disponible en la isla, incluso en un escenario extremadamente optimista, no alcanza ni de lejos la necesaria para cubrir una demanda anual que ronda los 4.200 GWh. La potencia fotovoltaica requerida sería superior a los 2.400 MWp, lo que implica una superficie de tejados superior a 12 km², un dato completamente inalcanzable teniendo en cuenta las restricciones urbanísticas, la orientación de los edificios, las sombras y la falta de estructura para soportar tales instalaciones. Este argumento simplista es una barrera para una transición energética realista y viable, pues retrasa la implantación de proyectos renovables a gran escala que son absolutamente imprescindibles.
Pero más allá del problema de espacio, la fotovoltaica por sí sola es incapaz de proporcionar seguridad de suministro debido a su naturaleza intermitente. No produce electricidad por la noche y su generación varía en función de la meteorología. Pretender que esto puede resolverse solo con baterías es una falacia técnica y económica. Para garantizar la continuidad del suministro, se requerirían baterías con una capacidad de almacenamiento superior a los 20.000 MWh diarios, una inversión desorbitada de más de 15.000 millones de euros, sin contar con que las baterías tienen una vida útil limitada y necesitarían ser reemplazadas periódicamente, lo que incrementa aún más los costos y la dependencia de materiales críticos con alto impacto ambiental.
Al negarse a aceptar un mix renovable diversificado que incluya eólica, geotermia e hidrobombeo, los detractores de estos proyectos están promoviendo una idea utópica que, en la práctica, solo conseguirá prolongar la dependencia de los combustibles fósiles. Gran Canaria tiene un potencial eólico excepcional, que permitiría cubrir gran parte de la demanda con un recurso estable y predecible, complementando perfectamente la generación fotovoltaica. Rechazar esta opción es, simple y llanamente, condenar a la isla a seguir quemando gas y diésel para producir electricidad. El hidrobombeo, por su parte, es una solución de almacenamiento mucho más eficiente y sostenible a largo plazo que las baterías, con una vida útil de más de 50 años y sin dependencia de materiales escasos.
Resulta inaceptable que bajo el pretexto de la protección del territorio se frene el desarrollo de las energías renovables en Canarias. La descarbonización requiere soluciones técnicas viables y no planteamientos dogmáticos basados en percepciones erróneas o intereses políticos. No es posible sostener un sistema eléctrico solo con paneles en tejados y baterías sin comprometer la estabilidad de la red y asumir un coste prohibitivo. La única opción viable es un mix energético equilibrado que combine diferentes tecnologías y permita una transición eficiente y sostenible. Seguir promoviendo un modelo basado exclusivamente en la fotovoltaica en cubiertas es un obstáculo para el progreso y una estrategia que solo beneficia a quienes desean perpetuar el uso de combustibles fósiles. Es hora de adoptar una visión pragmática y basada en datos, no en ideologías infundadas que ponen en riesgo la verdadera transformación energética de Gran Canaria.
