En un estado de derecho ante la ley solo hay dos situaciones posibles o se cumple o con las mayorías adecuadas se cambia.
“El Cabildo de Fuerteventura exige al Gobierno de Canarias que se suspendan todos los proyectos en materia energética solicitados en la Isla a través del procedimiento excepcional previsto en el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, al entender que se utiliza de forma injustificada. Además, se solicita que no se inicien nuevos procedimientos utilizando la vía de interés general para ninguna nueva infraestructura energética hasta que se culmine la planificación energética insular en tramitación”.
Según la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario y en su artículo 5 se dice:
“1. Corresponde a la Administración autonómica:
a) La planificación a largo y corto plazo de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía, de acuerdo con las bases del régimen energético en el ámbito estatal.
b) El desarrollo y la ejecución de la normativa básica sobre la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de energía eléctrica, así como la promulgación de normas adicionales.
c) El otorgamiento de las autorizaciones en los términos establecidos en esta ley y en las disposiciones de desarrollo reglamentario.
d) El establecimiento de las condiciones técnicas a que deben acomodarse las instalaciones de generación, transporte y distribución, en especial los condicionantes medioambientales. En particular las reglamentaciones técnicas se dirigirán a obtener la mayor racionalidad de las instalaciones y su fiabilidad, la prestación del servicio con seguridad para personas y bienes, a la vez que con regularidad y eficiencia.
e) La inspección del cumplimiento de las especificaciones técnicas y económicas, así como otras adicionales que se hubieran establecido al conceder las autorizaciones administrativas, en particular las de servicio público, en su caso.
f) La sanción, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en la legislación estatal aplicable, de las infracciones tipificadas cometidas”.
Como se puede observar queda plasmado de una forma nítida y diáfana de quien es la competencia en cuestiones de planificación de las instalaciones de producción, transporte i distribución de energía, por lo que el cabildo de Fuerteventura pueda hacer todos los estudios que considere, pero no tendrán carácter vinculante desde un punto de vista ni normativo, ni administrativo.
Esto a todas luces es de pura lógica, porque si bien en Canarias los sistemas eléctricos son independiente por islas, la idea es ir poco a poco uniéndolos. Es más, ya en la actualidad, Lanzarote y Fuerteventura son un único sistema eléctrico, por lo que cualquier decisión que se tomara de manera descoordinada en Fuerteventura, repercutiría en Lanzarote y viceversa.
Es más, tanto la generación, como el transporte y distribución de los sistemas eléctricos de Canarias se controlan desde un único centro de control para todas las islas. En el caso de la generación y el transporte por el Centro de Control de REE ubicado en Gran Canaria y en el caso de la distribución por el Centro de Control de Endesa ubicado también en Gran Canaria.
Al parecer y según dice el Cabildo de Fuerteventura, “Los diferentes servicios del Cabildo han analizado cada uno de los proyectos tramitados o que se encuentran en tramitación por esta vía, concluyendo que la mayoría de ellos, que corresponde a plantas solares o parque eólicos, no responde a motivos de urgencia o excepcionalidad”.
Segú lo expresado, no estamos en una crisis climática, no estamos en una situación en la que hay que revertir urgentemente todas las emisiones de gases de efecto invernadero producida por la quema de combustibles fósiles, donde las centrales térmicas son el principal foco. La situación de excepcionalidad climática en la que ya estamos inmersos es simplemente una ocurrencia de una minoría de científicos que no saben lo que dicen y por consiguiente podemos cruzarnos de brazos tranquilamente hasta que los órganos del Cabido de Fuerteventura tengan a bien sacar una planificación para la que nos son competentes, por lo que será impugnada en caso de querer ir más allá, pero mientras tanto se habrá conseguido el objetivo que no es otro sino paralizar la penetración de renovables.
Por otro lado, se tiene que considerar que de los doce grupos que tiene la Central de Las Salinas ocho tienen su vida útil cumplida, algunos desde hace más de veinte años, por lo que es el momento adecuado, para sustituir este modelo caduco, costoso, dependiente y contaminante por uno más barato, independiente del exterior y con cero emisiones. Pero claro el grupo de gobierno autonómico esta formado por partidos que dudan del Cambio Climático Antropogénico y ante la imperiosa necesidad de renovar las fuentes de generación y como las renovables no están maduras ni técnicamente, ni administrativamente, ni paisajistamente, no les va a quedar más remedio que buscar una solución de consenso y miren por donde tenemos un combustible que se ha estado blanqueando como menos contaminante que va a ser la solución y que es el gas.
