El almacenamiento y la transición energética en Canarias

El cambio climático antropogénico representa la crisis global prioritaria de nuestro tiempo, exigiendo acciones contundentes de descarbonización. La imperiosa necesidad de abandonar los combustibles fósiles es absoluta e inaplazable para proteger nuestros ecosistemas. En nuestro archipiélago, ejecutar la transición energética en Canarias supone un desafío de ingeniería monumental debido a nuestro estricto aislamiento geográfico. Operar un sistema eléctrico insular carente de interconexiones continentales exige mantener un equilibrio perfecto y constante entre generación y consumo.

A fecha de abril de 2026, la tecnología necesaria para alcanzar un modelo cien por cien renovable ya existe y es viable. El problema principal para avanzar no es tecnológico, sino que obedece a un obstáculo estrictamente político y regulatorio. Canarias se encuentra peligrosamente atrapada en un marco legal diseñado con la mirada puesta en un sistema eléctrico del pasado. Esta normativa obsoleta es totalmente incapaz de aprovechar tecnologías maduras que ya pueden aportar estabilidad, seguridad y descarbonización efectiva.

Mientras los ambiciosos planes teóricos de descarbonización avanzan sobre el papel, la realidad operativa en las salas de control es diferente. Los sistemas insulares mantienen una grave dependencia estructural de grupos térmicos fósiles altamente envejecidos. La integración masiva de fuentes renovables sufre limitaciones severas dictadas por rigideces normativas injustificables en el entorno técnico actual. En este escenario, el almacenamiento de energía sigue siendo tratado sistemáticamente como un mero actor secundario de la red.

El reto regulatorio de la transición energética en Canarias

El núcleo duro de este bloqueo normativo reside en el texto del Real Decreto 738/2015. A pesar del avance tecnológico, esta legislación sigue siendo la columna vertebral inamovible del régimen de producción en los territorios no peninsulares. Sin embargo, la norma responde a una lógica convencional antigua, basada en máquinas síncronas, y requiere una actualización profunda e inmediata.

Esta normativa vigente regula de manera singular los sistemas insulares, pero lo hace privilegiando el despacho eléctrico tradicional. Lamentablemente, la estructura legal actual no reconoce al almacenamiento electroquímico como el recurso sistémico fundamental que ya es. Las consecuencias operativas de esta ceguera legislativa son sumamente graves, provocando ineficiencias técnicas y encareciendo el coste final del suministro. La falta de adaptación no solo retrasa inversiones críticas, sino que impide gestionar correctamente las puntas de demanda.

La propia Administración central ya ha reconocido formalmente esta grave deficiencia en la arquitectura institucional y normativa. En el año 2025, el Ministerio impulsó una consulta pública sobre la promoción del almacenamiento en los territorios no peninsulares. En este documento oficial de trabajo, se preguntó expresamente a los agentes del sector por las barreras regulatorias y administrativas existentes. El primer paso para solucionar un problema sistémico de ingeniería es reconocer abiertamente que el obstáculo persiste en la regulación.

Las baterías BESS: Realidad técnica frente al inmovilismo

Los modernos sistemas de almacenamiento electroquímico de energía (BESS) no son una simple promesa futura de la investigación. Son una realidad técnica del presente, con un grado de madurez operativa extraordinario. Su capacidad dinámica es vital para garantizar la estabilidad electromecánica de una red basada en recursos de generación intermitentes. Estas instalaciones de estado sólido pueden absorber excedentes renovables en fracciones de segundo y reducir drásticamente los vertidos de energía.

Además de desplazar bloques masivos de energía limpia hacia la noche, estas baterías ofrecen un sofisticado control de la onda eléctrica. Pueden apoyar la tensión de las líneas, aportar potencia reactiva instantánea y ofrecer respuestas ultrarrápidas ante perturbaciones severas. La regulación del sistema peninsular ya ha evolucionado inteligentemente hacia esta imprescindible modernización tecnológica. Se han modificado los procedimientos de operación para el servicio vital de control de tensión.

Esta valiosa actualización en el territorio peninsular ya incorpora expresamente a la generación, a la demanda y al almacenamiento. El mensaje técnico y regulatorio que emana de esta decisión es absolutamente evidente para cualquier ingeniero u operador. Si el almacenamiento ya es reconocido para servicios críticos en la Península, no existe ninguna razón para mantenerlo bloqueado en Canarias. Lo que verdaderamente falta hoy no es capacidad técnica ni madurez industrial de los equipos conversores. Lo que falta es voluntad normativa decidida para otorgarle a las BESS el lugar central que merecen.

El riesgo sistémico de proteger el modelo fósil

Cuando una regulación oficial no habilita con claridad técnica las nuevas soluciones de flexibilidad, genera un efecto colateral profundamente perjudicial. En la estricta práctica operativa del despacho diario, esta omisión normativa conserva intacta la posición dominante del parque térmico convencional. Este inmovilismo regulatorio es el verdadero problema de fondo que asfixia y ralentiza la descarbonización integral del archipiélago insular.

Cada vacío normativo sobre servicios de red y cada escandalosa ausencia de retribución económica consolidan la dependencia de las tecnologías fósiles. Retrasan artificialmente la entrada de soluciones limpias que están plenamente disponibles en el mercado internacional. En un territorio eléctricamente vulnerable y expuesto como Canarias, esta situación trasciende la mera ineficiencia burocrática o administrativa. Constituye, a todas luces, un error estratégico monumental en la indispensable planificación de nuestras infraestructuras energéticas de futuro.

La correcta transición energética insular no puede consistir únicamente en instalar potentes parques eólicos para después seguir vertiendo su producción. Resulta un sinsentido termodinámico y económico aumentar la capacidad renovable si el sistema carece de herramientas para absorberla y gestionarla. Las grandes infraestructuras de baterías a nivel de red son una necesidad operativa crítica, no un lujo vanguardista. Aceptar un marco donde el almacenamiento esté relegado es resignarse a una transición mutilada, limitada por lo que el sistema fósil tolere. Y esto, desde el más estricto rigor científico, ya no es aceptable.

Reglas específicas para redes insulares frágiles

La compleja gestión electrónica de las redes insulares no se soluciona simplemente copiando sin adaptación el marco normativo peninsular. Nuestro archipiélago necesita, con una urgencia infinitamente mayor, una regulación técnica sumamente específica para servicios de tensión y potencia reactiva. La inherente fragilidad eléctrica de los territorios no peninsulares requiere, sin duda, una adaptación normativa mucho más precisa y ambiciosa.

Canarias no necesita en absoluto nuevos parches legislativos provisionales que prolonguen la agonía del actual modelo operativo. Requiere un marco normativo propio y sólido dentro del sistema estatal, que reconozca verdaderamente su singularidad técnica y geográfica.

El potencial transformador de la tecnología «Grid-Forming»

La electrónica de potencia avanzada ha desarrollado algoritmos de control capaces de revolucionar la topología clásica de la red. Red Eléctrica ya publicó en 2025 una especificación técnica nacional detallada sobre las modernas capacidades «grid-forming» o formadoras de red. Esto evidencia, de forma incuestionable, que la tecnología capaz de generar inercia sintética ya pertenece a la preparación operativa real.

Sin embargo, el despliegue técnico choca nuevamente con la fría burocracia administrativa. Mientras estas capacidades avanzadas no cuenten con un desarrollo reglamentario vinculante, seguirán siendo una simple promesa a medio desplegar. En microsistemas aislados como los nuestros, esto supone perder trágicamente una oportunidad histórica para reforzar la resiliencia integral. No basta con certificar un equipo; hay que convertir la solución técnica en una herramienta regulatoriamente utilizable de inmediato.

La justa retribución económica del valor sistémico

Para que las infraestructuras de almacenamiento masivo sean comercialmente viables, su inmenso valor técnico debe ser reconocido económicamente. Si una batería BESS presta disponibilidad continua, evita vertidos eólicos y da soporte de tensión, ese valor sistémico debe ser retribuido. De lo contrario, todo el relato institucional sobre la modernización y la flexibilidad será mera retórica sin fundamento financiero.

La evolución reciente de los mercados eléctricos demuestra que la prestación técnica debe asociarse invariablemente a mecanismos de liquidación económica justos. Este principio fundamental de la ingeniería eléctrica debe aterrizar de forma definitiva y transparente en los territorios no peninsulares. Resulta irracional exigir a la tecnología que preste servicios de vanguardia del siglo XXI y remunerarla con esquemas tarifarios del siglo pasado.

Propuestas ineludibles para la modernización insular

Para superar este peligroso estancamiento técnico, es absolutamente imprescindible impulsar una batería de reformas estructurales, profundas y urgentes. La primera medida fundamental es la reforma inmediata del Real Decreto 738/2015 para reconocer expresamente a las tecnologías BESS. Deben catalogarse, por ley, como un recurso primario de operación, estabilidad, flexibilidad y máxima seguridad en el archipiélago.

Además, es imperativo demandar la aprobación de un marco operativo específico para Canarias y demás territorios no peninsulares. Este nuevo marco debe habilitar legalmente a las BESS para prestar servicios regulados de control de tensión, potencia reactiva y reserva rápida. Todo ello debe estar sólidamente respaldado por un desarrollo normativo vinculante de las imprescindibles capacidades grid-forming.

La arquitectura financiera de la red exige también el diseño de una metodología retributiva específica, justa y moderna. Un modelo económico que pague no solo por la energía inyectada, sino por la disponibilidad, la reducción de vertidos y la respuesta dinámica. Asimismo, es imperativa la adaptación profunda de los algoritmos de despacho para que el almacenamiento se utilice siempre con absoluta preferencia.

Para validar toda esta imprescindible modernización tecnológica en un entorno de ingeniería real, se propone una última medida clave. Hablamos de la implantación de un programa piloto a gran escala, específico en Canarias, con un estricto seguimiento público de resultados. Esto permitirá consolidar empíricamente el papel del almacenamiento electroquímico como el gran recurso estructural de nuestro futuro.

El imperativo técnico de adaptar las normas a la física

El sistema eléctrico canario no puede seguir esperando pasivamente a que la regulación estatal llegue sistemáticamente tarde. Resulta profundamente inaceptable que la innovación técnica y la ingeniería de excelencia existan, pero el marco normativo frene su despliegue. No se debe invocar falazmente la seguridad del sistema para blindar inercias legales que, en la práctica, prolongan la dependencia fósil.

La verdadera y definitiva transición energética en nuestras islas no se dirime únicamente construyendo modernos parques eólicos terrestres o instalaciones fotovoltaicas. Esta batalla climática se juega, de manera determinante, en la capacidad del Estado para adaptar sus obsoletas normas a la realidad presente. Y esa adaptación regulatoria, vital para nuestra pervivencia climática y nuestra independencia energética, ya no admite la más mínima excusa.

AÑADIDO

Hemos confeccionado una escrito dirigido al Ministerio con nuestros planteamiento que adjuntamos.

Escrito al ministerio.