No cabe duda de que cuando desde el sector político se intenta explicar a la ciudadanía temas complejos, es muy loable que se intente hacer un ejercicio de simplificación para que el mensaje a trasmitir alcance al mayor número de personas posibles. El problema aparece cuando ese ejercicio de simplificación pervierte el mensaje inicial y la información trasmitida produce confusión e interpretaciones erróneas. El problema se vuelve crónico cuando el conjunto del mundo político y los medios de comunicación comienzan a manejar esa exposición simplificada como el hecho cierto de lo que acontece.
En el caso de la “Emergencia Energética” declarada por el Gobierno de Canarias, ha ocurrido exactamente lo descrito. Para comenzar no existe un problema que afecte a todo el sector energético, de existir, lo que existe es un desajuste en el sector eléctrico, concretamente en la generación eléctrica. Concretamente y a raíz del “cero” de La Gomera, se ha puesto el grito en el cielo, porque al parecer las administraciones han descubierto, ahora, que muchos de los grupos de generación eléctrica, perteneciente a Unelco, tienen su vida útil regulatoria vencida y muchos de los que aún no la tienen lo harán en breve. Según parece los grupos Diesel 1 y 2 de Las Salinas en Fuerteventura llevan 20 años con su vida útil regulatoria vencida y ninguna administración lo había detectado. Según parece el hecho de que los Diésel 6, 7, 8 y 9 de Guinchos en La Palma también llevaran más de 20 años con su vida útil regulatoria vencida, es otro hecho inexplicable que ha pasado inadvertido para todos nuestros mandatarios.
Pues bien, a la hora de explicar porque se ha producido este hecho y de camino exonerar de cualquier tipo de responsabilidad a la empresa propietaria, se ha conseguido instalar en el imaginario colectivo la idea de que una legislación perversa ha “IMPEDIDO” que bien Unelco o cualquier otra empresa, instalara grupos nuevos, porque existía una “PROHIBICIÓN EXPRESA” para que esto no ocurriera sin el llamado “proceso de concurrencia competitiva” que señalaba la normativa correspondiente.
Antes de continuar conviene aclarar que la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico dispone en su artículo 14 que la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios extrapeninsulares pueda percibir una retribución adicional. Esto es comprensible dado el carácter insular, la lejanía y los sistemas aislados que provocan que generar electricidad en estas condiciones sea mucho más complejo y por tanto hay que incentivar a las empresas para que lo hagan.
Continuando con el argumento, ninguna normativa asocia el instalar un grupo de generación eléctrica en Canarias con un proceso de concurrencia competitiva, lo que, si hace la Ley 17/2013 y el Real Decreto 738/2015, es fijar un proceso de concurrencia competitiva, PARA PODER ACCEDER A LA RETRIBUCIÓN ADICIONAL. En otras palabras, si yo monto un grupo y quiero acceder a la retribución adicional tengo que ir a un proceso de concurrencia competitiva, porque si no lo hago me quedo cobrando a precio de mercado, que por otro lado es lo que ocurre en el resto de España.
Para cuantificar de lo que estamos hablando en el año 2014 se generó alrededor de 9.000.000 de MWh en toda Canarias. Esta generación fue retribuida prácticamente en su totalidad con el régimen adicional y supuso unos 1.800 millones de euros. Si esta misma generación hubiese sido retribuida con valores peninsulares el coste no hubiese pasado de los 380 millones de euros. Es decir, el sobrecoste que se produjo fue de algo más de 1.400 millones de euros.
¿Por tanto una empresa privada va a renovar grupos para cobrar tan solo 380 millones, cuando podría cobrar por el mismo desempeño 1.800 millones?.
A raíz de esta declaración de emergencia energética existe una INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA INSTALACIÓN DE POTENCIA DE GENERACIÓN ADICIONAL CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE EMERGENCIA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE CANARIAS que precisa de una Orden Ministerial. Pero una vez más este pronunciamiento del Gobierno Central no será para autorizar la instalación de los grupos que es competencia del Gobierno de Canarias, será para que estos grupos de emergencia se puedan acoger al régimen adicional que obviamente es mucho más rentables para las empresas interesadas.
Nosotros no estamos en contra de la retribución adicional, hasta hay podríamos llegar, de lo que estamos en contra es de que se utilice la retribución adicional como única forma de instalar grupos de generación eléctrica en Canarias.
Creemos que los ciudadanos tienen el derecho a recibir una información veraz y cierta de sus mandatarios para que puedan obrar en consecuencia y si una empresa o varias, están haciendo el agosto en Canarias, con un servicio básico como es la generación eléctrica y es un hecho que no se puede evitar, en caso de que así sea, tienen el derecho a saberlo por boca de sus representantes elegidos democráticamente en las urnas y no a recibir un relato más o menos camuflado de una realidad cruda pero tangible.
