Como ya es público y notorio, la empresa Totisa tiene previsto instalar sendas plantas de gas natural licuado (GNL) en los muelles de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, así como sendas plantas de generación eléctrica de 70 MW alimentadas por el mismo combustible.
Según las administraciones y distintos colectivos que defienden estas instalaciones, la razón última que las justifica es que, desde Europa, nos exigen tener instalaciones de GNL y suministro de electricidad desde tierra para los barcos que lleguen a nuestros puertos.
Es cierto que existe una directiva, concretamente la 2014/94/UE, que literalmente dice en su artículo 6:
“Los Estados miembros dispondrán lo necesario, a través de sus marcos de acción nacionales, para que exista un número adecuado de puntos de repostaje de GNL en los puertos marítimos, a fin de que las embarcaciones de GNL de navegación interior o marítimas puedan circular a través de la red básica de la RTE-T el 31 de diciembre de 2025 a más tardar.”
Pero no es menos cierto que en el mismo artículo se añade el siguiente literal:
“Los Estados miembros designarán en sus marcos de acción nacionales los puertos marítimos e interiores que deban ofrecer acceso a los puntos de repostaje de GNL a los que se refieren los apartados 1 y 2, teniendo también en cuenta las necesidades reales del mercado.”
Es precisamente en este último texto donde se desmonta todo el argumento inicial, porque el legislador europeo, con muy buen criterio, vincula la normativa a “las necesidades reales del mercado” y a día de hoy esas necesidades dejan en mal lugar, desde un punto de vista de la viabilidad del proyecto empresarial, estas iniciativas. En la actualidad hay 221 barcos en operación propulsados por GNL, mientras que en 2018 la flota mundial de buques mercantes estaba compuesta por 58.329 unidades. En otras palabras, considerando datos del 2018, la proporción de barcos que usan GNL es del 0,4%.
Para más inri, en la parte de considerandos de la misma directiva se expone lo siguiente:
“La decisión sobre la ubicación de los puntos de repostaje de GNL en los puertos debe basarse en un análisis coste-beneficio que incluya un examen de los beneficios medioambientales. Deben tenerse también en cuenta las disposiciones aplicables en materia de seguridad. La implantación de una infraestructura para el GNL contemplada en la presente Directiva no debe frenar el desarrollo de otros combustibles alternativos energéticamente eficientes que puedan aparecer.”
Por lo dicho anteriormente, no parece que los proyectos puedan soportar un adecuado análisis costes-beneficios y mucho menos desde el punto de vista medioambiental. Además, un combustible como el amoniaco, tan bien considerado en las estrategias del ITC para el Gobierno de Canarias, sufriría un varapalo importante en su desarrollo.
¿Entonces estamos ante un proyecto empresarial sin fundamento económico? Para nada. La auténtica rentabilidad de los proyectos radica en la planta de generación eléctrica, que contrariamente a lo que se dice, con toda probabilidad, se conectará a la red eléctrica de cada isla, funcionando a su potencia nominal de 70 MW durante todo el tiempo, con los consiguientes ingresos que ello acarrea. Además, dado el último giro que han tomado las altas instancias europeas, en el sentido de considerar al gas y a las nucleares como energía verdes a efectos de financiación, estas instalaciones se podrán favorecer de fondos europeos, y no descartamos que se esté barajando la posibilidad de que puedan acceder al “Régimen Económico de las Energías Renovables”, con lo que los ingresos se dispararían, al poder acceder a retribuciones por inversión, por mantenimiento y operación, aparte de por la venta de energía.
Una vez más constatamos cómo algunos empresarios y algunas administraciones ponen por delante el beneficio económico a las necesidades medioambientales y una vez más constatamos cómo una norma que nace con la idea de reducir la contaminación y favorecer los combustibles alternativos, es retorcida torticeramente por cuestiones puramente de lucro y egoísmo empresarial.
