Informe Integral sobre la Racionalización Administrativa de las Centrales Hidráulicas Reversibles: Un Imperativo para la Estabilidad de la Red y la Transición Energética

1. El Desafío Existencial: El Cambio Climático Antropogénico y la Urgencia de la Descarbonización

1.1. La Alteración del Equilibrio Termodinámico Planetario

El fenómeno del cambio climático antropogénico se erige, con incuestionable rotundidad, como la amenaza más formidable y transversal a la que se ha enfrentado la civilización moderna a lo largo de su historia. La comunidad científica internacional ha establecido un consenso abrumador que vincula indisolublemente el aumento sostenido de la temperatura media global con la acumulación desproporcionada de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera terrestre. Esta acumulación tiene un origen inequívoco. La quema incesante y masiva de combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas natural— que ha motorizado el desarrollo económico humano desde los albores de la Revolución Industrial.

Los datos son elocuentes y profundamente preocupantes. Las concentraciones de dióxido de carbono en nuestra atmósfera han experimentado un incremento cercano al 30% desde el comienzo de la era industrial. Alterando el delicado equilibrio termodinámico que ha permitido el florecimiento de la vida y de las sociedades humanas durante el Holoceno. Las consecuencias de esta alteración ya no son proyecciones teóricas en modelos climáticos. Son realidades tangibles que se manifiestan a través de la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos. La alteración de los patrones de precipitación, el retroceso de los glaciares, la acidificación de los océanos y la elevación sostenida del nivel del mar.

Ante este panorama, la inacción o la dilación representan un riesgo inaceptable. La humanidad se encuentra ante una ventana de oportunidad temporal sumamente estrecha para mitigar los efectos más devastadores de esta crisis estructural. La descarbonización profunda de la economía y, muy particularmente, del sector de la generación eléctrica, no es una mera preferencia tecnológica o un nicho de mercado. Es un imperativo ético, intergeneracional y de estricta supervivencia. Es imperioso transitar hacia un modelo basado íntegramente en fuentes de energía renovable con la máxima celeridad que permitan la técnica y la regulación.

1.2. El Marco Estratégico y los Compromisos de Reducción de Emisiones

En respuesta a esta urgencia climática, las instituciones globales y regionales han articulado marcos de actuación orientados a transformar radicalmente el modelo productivo. En el contexto de la Unión Europea y del Estado español, la transición hacia una economía descarbonizada para el año 2050 constituye el vector fundamental de todas las políticas públicas.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 representa la hoja de ruta estratégica que cristaliza estos compromisos en territorio nacional. Este plan no solo establece objetivos vinculantes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Impone una cuota de penetración de energías renovables sin precedentes en el uso final de la energía y en el mix de generación eléctrica. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, eleva estos compromisos a rango de ley. Estableciendo la obligación legal de desplegar las energías renovables de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial.

Sin embargo, la arquitectura de un sistema eléctrico cien por cien renovable entraña desafíos técnicos de una magnitud colosal. La sustitución de centrales térmicas convencionales —que proporcionan energía firme y a demanda— por parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, introduce un factor de variabilidad que pone a prueba los fundamentos de la ingeniería de redes eléctricas.

2. La Anatomía de los Sistemas Eléctricos: Variabilidad, Intermitencia y el Rol del Almacenamiento

2.1. El Reto Tecnológico de la Generación Renovable No Gestionable

El Problema

La energía del sol y del viento es limpia, inagotable y, en la actualidad, extraordinariamente competitiva desde el punto de vista económico. No obstante, su naturaleza es intrínsecamente intermitente y no gestionable. Los operadores del sistema eléctrico no pueden gobernar a voluntad el momento ni la intensidad con la que el viento sopla o el sol incide sobre los paneles solares. Esta característica choca frontalmente con la premisa más sagrada de la operación de cualquier red eléctrica. En cada instante, la cantidad de energía producida debe ser exactamente igual a la cantidad de energía consumida.

Cuando este equilibrio se rompe, la frecuencia de la red (fijada en 50 hercios en Europa) experimenta desviaciones. Si la frecuencia cae por debajo de umbrales críticos debido a una falta de generación repentina, el sistema corre el riesgo de sufrir desconexiones en cascada. Culminando en apagones masivos o ceros energéticos. Tradicionalmente, este equilibrio se ha mantenido gracias a la flexibilidad de las grandes centrales térmicas e hidroeléctricas convencionales, capaces de incrementar o reducir su potencia en cuestión de segundos o minutos.

Las Consecuencias

Con la penetración masiva de la fotovoltaica, los sistemas eléctricos modernos se enfrentan al fenómeno conocido como la «curva de pato» (duck curve). Durante las horas centrales del día, la producción solar inunda la red, reduciendo la necesidad de generación convencional a mínimos históricos. En estos periodos, si la generación supera el consumo y no existe capacidad de almacenamiento, los operadores se ven obligados a ordenar el apagado de plantas renovables, produciéndose los denominados «vertidos de energía» o energía rechazada, un inmenso desperdicio de recursos limpios. Por el contrario, a medida que el sol se oculta y la demanda eléctrica asciende drásticamente al final de la jornada, el sistema requiere la entrada abrupta de miles de megavatios en un lapso muy corto. Sin almacenamiento, esta rampa de demanda vespertina solo puede ser cubierta quemando ingentes cantidades de gas natural o carbón. Frustrando así los objetivos de reducción de emisiones.

2.2. La Firmeza y la Inercia Síncrona: Propiedades Irremplazables de la Red

Más allá del mero balance de energía (megavatios-hora), la estabilidad de una red eléctrica depende de servicios auxiliares críticos, entre los que destaca la «inercia síncrona». Las centrales térmicas y nucleares, así como las instalaciones hidroeléctricas, cuentan con inmensos alternadores y turbinas de acero que giran en perfecta sincronía electromagnética con la red. Esta enorme masa rotante posee energía cinética almacenada físicamente. Si un gran generador falla repentinamente, la inercia de todas las demás máquinas rotantes del sistema se opone al cambio brusco de frecuencia, amortiguando la caída y otorgando un tiempo vital (medido en milisegundos y segundos) para que los sistemas de control primario reaccionen y restablezcan el equilibrio.

Los parques eólicos y fotovoltaicos, por su parte, se acoplan a la red mediante conversores de electrónica de potencia (inversores). Carecen de masas rodantes acopladas directamente a la frecuencia de la red y, por lo tanto, no aportan inercia síncrona real de forma natural. A medida que desplazamos la generación fósil por generación renovable basada en inversores, las redes eléctricas se vuelven «más ligeras» y vulnerables. Incrementándose dramáticamente la tasa de cambio de frecuencia ante perturbaciones.

2.3. El Almacenamiento Energético como Tercer Pilar del Sistema

Para resolver la cuadratura del círculo —integrar masivamente renovables intermitentes y, al mismo tiempo, mantener la robustez y seguridad del suministro—, el almacenamiento de energía a gran escala se erige como el elemento indispensable y el tercer pilar fundamental del sistema eléctrico, junto a la generación y el transporte.

El PNIEC reconoce esta necesidad imperiosa y establece un objetivo de 22,5 gigavatios (GW) de potencia instalada de almacenamiento en España para el año 2030. Este almacenamiento debe cumplir una doble función. Por un lado, arbitraje de energía (desplazar inmensos volúmenes de energía desde las horas de superávit renovable hacia las horas de déficit). Por otro, la prestación de servicios de ajuste, firmeza e inercia para sostener los parámetros de calidad de onda de la red.

3. Centrales Hidráulicas Reversibles frente a Sistemas de Baterías: Un Análisis Comparativo Profundo

En el abanico tecnológico del almacenamiento energético destacan dos tecnologías predominantes: los Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS, fundamentalmente de iones de litio) y las Centrales Hidráulicas Reversibles (CHR) o centrales de bombeo. Es un error conceptual común, recurrente en debates no especializados, contraponer ambas tecnologías como excluyentes. En la realidad de la ingeniería de redes, son herramientas netamente complementarias que operan en nichos de necesidad distintos. Si bien las CHR poseen atributos que las hacen irreemplazables a nivel macroestructural.

3.1. Principios de Funcionamiento de las Centrales Hidráulicas Reversibles (CHR)

Una CHR es una maravilla de la ingeniería civil y electromecánica. Consta fundamentalmente de dos embalses ubicados a diferente cota altimétrica, conectados mediante un intrincado sistema de galerías, pozos y tuberías forzadas subterráneas, en cuyo trayecto se aloja una central hidroeléctrica subterránea o en caverna equipada con grupos turbina-bomba y motores-alternadores.

Su funcionamiento se divide en dos fases operativas diametralmente opuestas, pero complementarias :

• Fase de Bombeo (Almacenamiento): Durante los valles de demanda o los picos de sobreproducción renovable (cuando la energía es abundante y económica, o existe riesgo inminente de vertido), la central consume electricidad de la red para accionar enormes bombas que elevan el agua desde el embalse inferior hasta el embalse superior. En este proceso, la energía eléctrica se transforma y se almacena bajo la forma de energía potencial gravitatoria en la masa de agua alojada en la cota superior.
• Fase de Turbinación (Generación): Durante los picos de demanda o la ausencia de viento y sol, el proceso se invierte. El agua almacenada en el embalse superior se libera, precipitándose por gravedad a través de la tubería forzada hacia el embalse inferior. La fuerza cinética del agua hace girar las turbinas, accionando los alternadores e inyectando energía eléctrica limpia, gestionable y síncrona de vuelta al sistema eléctrico en el momento de mayor criticidad.

3.2. Superioridad Estratégica y Atributos Técnicos de las CHR

Las ventajas técnicas, económicas y operacionales del almacenamiento por bombeo hidráulico configuran a esta tecnología como la verdadera columna vertebral de la transición energética a gran escala :

Capacidad de Almacenamiento Masivo y Estacional

A diferencia de las baterías, que emulan la inercia mediante sofisticados algoritmos de software y electrónica de potencia, las CHR aportan inercia síncrona real y física al sistema gracias al giro de sus rotores de centenares de toneladas. Adicionalmente, los generadores síncronos de las CHR son formidables reguladores de tensión. Pueden inyectar o absorber grandes cantidades de potencia reactiva de forma continua. Estabilizando los voltajes de la red y proporcionando la corriente de cortocircuito necesaria para el correcto funcionamiento de los sistemas de protección eléctrica frente a fallos o perturbaciones severas.

Vida Útil, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental

Las baterías químicas sufren una degradación inexorable con cada ciclo de carga y descarga, requiriendo sustituciones de las celdas cada 10 a 15 años. Además, su manufactura implica complejas cadenas de suministro global de minerales críticos (litio, cobalto, níquel) y plantea enormes retos de reciclaje. En contraste, la obra civil de una presa y una caverna tiene una vida útil garantizada que supera ampliamente el siglo (100 años), mientras que los equipos electromecánicos pueden operar ininterrumpidamente durante 50 años sin merma de su rendimiento original. Con eficiencias de ciclo completo (round-trip) que oscilan entre el 75% y el 80%, los estudios de Análisis de Ciclo de Vida certifican que las CHR presentan la menor tasa de emisiones de gases de efecto invernadero por kilovatio-hora almacenado a lo largo de su vida útil operativa en comparación con cualquier otra tecnología de almacenamiento comercial.

Flexibilidad Dinámica y Control Avanzado

Las CHR modernas emplean tecnología de velocidad variable. Esto supone un salto cualitativo monumental. Ya que permite a la central regular la potencia que absorbe de la red incluso cuando está en modo de bombeo. Esta capacidad convierte a las centrales de bombeo en herramientas de precisión extrema para seguir los rizos de la curva de generación renovable. Además de ejecutar el control secundario de frecuencia, aportando una flexibilidad que antes estaba reservada únicamente a las turbinas de gas.

Parámetro Comparativo	Sistemas de Baterías (BESS, Ion-Litio)	Centrales Hidráulicas Reversibles (CHR)
Escala Típica de Potencia	10 MW – 250 MW	100 MW – 3.000 MW
Capacidad de Almacenamiento	Megavatios-hora (MWh)	Gigavatios-hora (GWh)
Autonomía a Plena Carga	1 a 4 horas (Desplazamiento intradiario)	8 horas a múltiples días (Desplazamiento estacional)
Aporte de Inercia a la Red	Sintética / Emulada mediante inversores	Física y real (Masas rotantes síncronas)
Tiempo de Respuesta (Regulación)	Milisegundos	Segundos a pocos minutos
Vida Útil de la Instalación	10 a 15 años (Sujeta a degradación química)	50 a 100 años (Sin pérdida de rendimiento)
Eficiencia de Ciclo (Round-Trip)	85% – 90%	75% – 80%
Impacto Socioambiental de Materiales	Dependencia de cadenas de suministro globales y minería crítica	Infraestructura civil local, uso del dominio público hidráulico

Tabla 1: Comparativa técnica pormenorizada entre las tecnologías de Almacenamiento en Baterías y las Centrales Hidráulicas Reversibles.

4. El Paradigma de la Extrema Fragilidad: Los Sistemas Eléctricos Aislados

Para comprender la magnitud de la necesidad de almacenamiento hidráulico, es imprescindible analizar el comportamiento de los sistemas eléctricos aislados o insulares. Estos territorios actúan como laboratorios a escala real de los desafíos energéticos del futuro.

4.1. La Tiranía del Aislamiento Físico

Los sistemas eléctricos aislados, por su propia condición geográfica, carecen de interconexiones en corriente alterna con los masivos y robustos sistemas continentales europeos. En la Europa continental, una perturbación en una planta generadora en Francia es absorbida y estabilizada casi instantáneamente por la inercia combinada de miles de centrales conectadas sincrónicamente desde Portugal hasta Polonia. En un archipiélago alejado de la plataforma continental, la red eléctrica es débil y frágil. La pérdida de un solo grupo generador de tamaño medio puede representar un porcentaje tan elevado de la demanda instantánea que, sin una respuesta de corrección masiva en segundos, el sistema colapsaría inevitablemente provocando un apagón general (cero energético).

Esta fragilidad histórica ha obligado a los operadores de sistemas insulares a mantener una dependencia casi absoluta y patológica de la quema de combustibles fósiles. Operando grandes y pesados motores de combustión interna, turbinas de vapor y grupos de gasoil o fueloil pesado. Estos grupos, además de generar elevados costes de producción (sobrecostes de generación extrapeninsular que asume solidariamente el Estado) y de emitir cantidades ingentes de CO2 y gases contaminantes, se han mantenido encendidos por pura necesidad técnica: son los únicos que aportaban la firmeza y la inercia necesarias para evitar apagones.

4.2. El Techo de Cristal Renovable y la Solución del Almacenamiento Masivo

Los territorios insulares son paradójicamente agraciados con recursos naturales de enorme potencia, dominados por los intensos vientos alisios y unos niveles de irradiación solar excepcionales. Sin embargo, integrar esta energía renovable choca contra un techo de cristal físico. Si el operador del sistema permite la entrada masiva de energía eólica durante la noche y apaga los motores térmicos para ahorrar combustible, la red se queda sin inercia ni capacidad de control de tensión. Ante la más mínima fluctuación del viento, se produciría un colapso. Por tanto, gran parte de la energía eólica producida debe ser tristemente desechada para mantener encendidas las centrales contaminantes.

La única tecnología madura, contrastada y de escala suficiente para romper este techo de cristal hacia la descarbonización total de los sistemas insulares es el bombeo hidráulico. Estas infraestructuras se erigen no ya como meros componentes del mercado. Se erigen como herramientas de operación del sistema y garantes de la seguridad nacional en el ámbito energético.

Un caso paradigmático de estudio que ilustra esta dinámica transformadora es el desarrollo de grandes infraestructuras hidroeléctricas en cuencas insulares. Que aprovechan la orografía accidentada y las presas existentes. Consideremos el impacto de una planta de bombeo reversible de gran escala. Con una potencia de 200 MW en un sistema insular, podría llegar a cubrir aproximadamente el 36% de la demanda punta de toda la isla. Aportando una capacidad de almacenamiento de 3,5 GWh. Esto dota al territorio de una autonomía energética rotunda.

El impacto de este tipo de infraestructuras es triple :

Económico

Almacenan el excedente renovable (gratuito) y evitan la quema de costosos combustibles fósiles. Reduciendo sustancialmente los sobrecostes del sistema eléctrico insular en decenas o incluso cientos de millones de euros anuales.

Climático

Permiten el incremento exponencial de la participación de renovables en el mix, reduciendo las emisiones directas de CO2 de forma dramática.

Seguridad Hídrica y Ambiental:

En territorios afectados por un intenso estrés hídrico y la disminución paulatina de precipitaciones, los proyectos de bombeo pueden acoplarse estratégicamente a plantas de desalinización de agua de mar alimentadas con energías renovables. El agua desalada se bombea a los embalses superiores, garantizando no solo la función de almacenamiento energético (la «batería»), sino aportando caudales vitales para la reforestación de cuencas, la pervivencia de la agricultura de medianías y el consumo humano. Adicionalmente, estos proyectos incorporan rigurosos planes de restauración vegetal, recuperando ecosistemas endémicos autóctonos degradados.

5. El Laberinto Regulatorio y el Riesgo de Asfixia Administrativa

Frente a la abrumadora evidencia técnica, económica y ambiental que demanda el despliegue expedito de Centrales Hidráulicas Reversibles (CHR) en el territorio nacional, nos encontramos ante un escenario de disfunción burocrática profunda. El desarrollo de un proyecto de almacenamiento hidráulico, que en un escenario óptimo requeriría una planificación de ejecución constructiva de un lustro, se encuentra actualmente enredado en una maraña procedimental que puede dilatar los plazos de tramitación oficial entre 4 y 14 años. Este horizonte temporal no solo desincentiva el despliegue del capital, sino que es incompatible con el carácter de urgencia inherente a la crisis climática.

5.1. La Superposición de Jurisdicciones y Leyes Sectoriales

La parálisis actual emana de la multiplicidad de administraciones involucradas y de la aplicación paralela, inconexa y secuencial de normativas sectoriales que no fueron diseñadas para interrelacionarse de manera armónica.

Un promotor que aspire a construir una CHR de interés estatal (por encima de 50 MW o que afecte a varias Comunidades Autónomas) debe sortear tres esferas normativas densas y complejas :

1. La Dimensión Energética y Eléctrica: Regida por la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000 (tramitación de instalaciones) y el reciente Real Decreto 1183/2020 (acceso y conexión). Requiere la obtención de la Autorización Administrativa Previa (AAP). La Autorización Administrativa de Construcción (AAC). La Declaración de Utilidad Pública (DUP) y el indispensable Permiso de Acceso y Conexión (PAC) a la red de transporte o distribución.
2. La Dimensión del Dominio Público Hidráulico: Gobernada por el Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D. Legislativo 1/2001) y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986). Exige someterse a procesos de concurrencia de proyectos y concursos públicos para obtener la concesión de aprovechamiento privativo de las aguas y del espacio de los embalses.
3. La Dimensión Medioambiental: Al amparo de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, debido al indudable impacto de las grandes obras civiles, túneles y líneas de evacuación. Culmina con la preceptiva y estricta Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el órgano ambiental.

5.2. El Interbloqueo Procedimental y la Desconexión Red-Agua

La disfunción más grave del sistema actual, expuesta certeramente en los antecedentes de la consulta pública previa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), es la total desconexión entre la tramitación de los nudos de acceso eléctrico y la tramitación de las concesiones de agua.

Hoy en día, el proceso es un despropósito lógico. La adjudicación de la capacidad de la red eléctrica se realiza mediante mecanismos de concurso o prelación que ignoran por completo los expedientes de uso del agua. El promotor se enfrenta a un doble riesgo letal de «interbloqueo»:

• Caso A: Un proyecto obtiene brillantemente los permisos de acceso y conexión a la red de transporte eléctrica tras una ardua tramitación, pero posteriormente pierde el concurso concesional de aguas frente a otro actor, o sufre un retraso decenal en la Confederación Hidrográfica. La capacidad de la red eléctrica queda «secuestrada» o bloqueada, impidiendo que otros proyectos vitales se conecten.
• Caso B: Un proyecto obtiene la concesión hídrica sobre el embalse, pero al intentar tramitar la conexión a la red, el nudo eléctrico más cercano ya ha sido adjudicado a numerosos parques fotovoltaicos que agotaron la capacidad física de la subestación. Una central vital para el sistema no puede verter ni consumir energía, naciendo muerta operativamente.

Adicionalmente, el esquema secuencial de las informaciones públicas produce un desgaste estéril. Cada administración (energía, agua, medio ambiente) somete el proyecto a exposición pública de manera fragmentada en diferentes momentos temporales. Esto triplica la carga administrativa de los ayuntamientos, cabildos y organizaciones medioambientales que deben analizar legajos de miles de folios repetidas veces, abriendo la puerta a interpretaciones contradictorias, alegaciones cruzadas y un terreno abonado para la litigiosidad que empantana las inversiones.

6. Análisis de la Iniciativa Normativa del MITECO: Hacia el Procedimiento Administrativo Unificado

El diagnóstico institucional emitido por el MITECO reconoce paladinamente la ineficacia del marco actual. Por tanto y en aplicación del mandato reglamentario previsto en el artículo 22.2 de la Ley 24/2013, propone la instauración de un procedimiento administrativo unificado. Esta iniciativa, actualmente en fase de consulta pública previa, no representa una mera modificación burocrática menor. Representa una cirugía estructural sobre el esqueleto administrativo del Estado para garantizar la operatividad de los compromisos climáticos asumidos en el PNIEC.

El objetivo central de la norma proyectada es articular una verdadera tramitación coordinada que aglutine, bajo el paraguas de un solo expediente administrativo y una resolución única, las autorizaciones sustantivas del sector eléctrico. El otorgamiento de la concesión del dominio público hidráulico y la evaluación de impacto ambiental. De especial relevancia es la propuesta de asegurar que exista una obligada correlación y coordinación temporal y material en los procedimientos de concurrencia competitiva. De tal modo que el sujeto que obtenga los permisos de acceso y conexión sea inequívocamente el mismo que obtenga la concesión de uso para almacenamiento hidráulico.

Es fundamental destacar que el MITECO rechaza expresamente alternativas no regulatorias. Argumentando con solidez que ni circulares internas ni disposiciones de menor rango jerárquico poseerían la fuerza jurídica coercitiva necesaria para alinear a las tres ramas fundamentales de la Administración (Energética, Hidráulica y Ambiental) en un proceso unificado y garantista.

El éxito de esta norma, sin embargo, dependerá de la profundidad, el rigor y la audacia técnica con la que se redacte su articulado final. Por ello, el proceso de consulta pública reviste una importancia estratégica vital.

7. Respuestas Exhaustivas a las Cuestiones Planteadas en la Consulta Pública del MITECO

A continuación, se articulan y desarrollan de manera argumentada las respuestas a las cuatro cuestiones fundamentales requeridas por el formulario de la «Consulta Pública Previa sobre la elaboración de un procedimiento administrativo unificado para el otorgamiento de permisos y autorizaciones de instalaciones de producción y la concesión de aguas en las centrales hidráulicas reversibles». El análisis está redactado con rigor técnico y vocación constructiva, adaptándose a los requerimientos de extensión y profundidad que exige la envergadura de la iniciativa.

---

Cuestión 1: Dentro del marco normativo actual, ¿qué barreras identifica en la tramitación y puesta en marcha de los proyectos de centrales hidráulicas reversibles?

El análisis pormenorizado del ecosistema normativo actual revela barreras de índole sistémica, procesal y temporal que han metamorfoseado el desarrollo de infraestructuras críticas para la resiliencia climática del país en un recorrido ineficiente y dilatorio. Las principales barreras identificadas son las siguientes:

A. Fragmentación Jurisdiccional y el Riesgo Estructural de Interbloqueo

La barrera más lesiva y evidente radica en la tramitación fragmentada, y operativamente estanca, de autorizaciones que son material y físicamente interdependientes. La viabilidad de una Central Hidráulica Reversible (CHR) descansa irremisiblemente sobre dos pilares físicos inseparables. La conexión a la red de transporte eléctrico (para absorber y evacuar energía síncrona) y la concesión de uso privativo del dominio público hidráulico (el almacenamiento dinámico y trasiego de volúmenes de agua entre dos cotas).

Bajo el marco vigente, el Real Decreto 1183/2020 regula la asignación de la capacidad y el acceso a los nudos de la red eléctrica mediante criterios de concurrencia y prelación completamente disociados temporal, jurídica y procedimentalmente del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que adjudican las concesiones bajo procesos de competencia propios. Esta falta de vasos comunicantes institucionales engendra un «riesgo de interbloqueo» devastador. Como se ha expuesto anteriormente, es factible que un proyecto adquiera derechos en un vector (ej. energía) y fracase en el otro (ej. agua). Esto desincentiva radicalmente la inversión institucional a largo plazo. Inmoviliza capitales cuantiosos. Fomenta la especulación de nudos eléctricos por agentes no desarrolladores e impide la planificación ordenada y racional de la transición energética del Estado.

B. Secuencialidad Ineficiente frente a Paralelismo Procesal Sincrónico

El esquema actual propicia de facto una tramitación administrativa «en cascada» o secuencial. Con asiduidad, el promotor no puede avanzar materialmente en la tramitación de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) o en el proyecto de ejecución sin haber obtenido, a priori y en firme, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la concesión definitiva de aguas con su respectivo clausulado técnico. Cuando, durante la fase ambiental, los entes consultados (órganos de biodiversidad autonómicos, confederaciones hidrográficas, cabildos o direcciones de patrimonio cultural) emiten requerimientos de subsanación o exigen variaciones al diseño técnico del proyecto para minimizar impactos (por ejemplo, el desplazamiento de una caverna, la modificación de la cota de toma, o la alteración del trazado de una línea soterrada de muy alta tensión) , el promotor se ve forzado a retroceder a la casilla de salida en las otras administraciones.

Este proceso iterativo obliga a actualizar innumerables documentos técnicos. Reiniciando los plazos perentorios de la Ley 39/2015 y reabriendo tediosos y repetitivos periodos de información pública. Este bucle burocrático, carente de sinergia iterativa entre departamentos, es el principal causante de que proyectos declarados formalmente estratégicos demoren hasta catorce años en comenzar el movimiento de tierras.

C. Fatiga de la Sociedad Civil y Duplicidad Sistemática en la Fase de Información Pública

La información pública, la consulta a las administraciones afectadas y la audiencia a los interesados son los garantes democráticos esenciales para asegurar la viabilidad socioambiental. Además del respeto patrimonial y la mitigación de impactos en el territorio. Sin embargo, la disociación orgánica de los expedientes obliga a someter los mismos proyectos técnicos, con variaciones semánticas o de detalle menor, a sucesivos periodos de exposición pública. Un ayuntamiento afectado, una asociación ecologista o un particular cuyas fincas deban ser expropiadas o sometidas a servidumbre de paso se ven obligados a analizar densos expedientes de miles de páginas en la fase ambiental, meses después en la fase concesional de aguas, y nuevamente en la fase de declaración de utilidad pública del sector eléctrico. Esto desborda la capacidad de escrutinio técnico de la sociedad civil y de los pequeños consistorios, provocando una severa fatiga participativa.

Además, incrementa exponencialmente la probabilidad de que las administraciones instructores reciban alegaciones cruzadas o extemporáneas. Propiciando un alto nivel de inseguridad jurídica y alimentando el riesgo de que asociaciones presenten recursos contencioso-administrativos que puedan paralizar cautelarmente las inversiones.

D. Ausencia de Priorización Jerárquica Efectiva en la Instrucción Administrativa

A pesar de loables esfuerzos legislativos recientes, como el Real Decreto-ley 8/2023 que modifica el texto refundido de la Ley de Aguas para priorizar explícitamente el uso del almacenamiento hidráulico de energía sobre otros usos industriales, esta priorización legal de primer nivel no se ha traducido en una priorización operativa en la base de la pirámide funcionarial. En la práctica diaria de las unidades tramitadoras y organismos de cuenca, las solicitudes de grandes CHR siguen integradas en las mismas lentas dinámicas de resolución que cualquier otra infraestructura convencional. No existe un marco normativo claro, a nivel de instrucciones procedimentales internas, que habilite un verdadero fast-tracking transversal que obligue a los departamentos involucrados a aplicar la celeridad que exige la consecución del PNIEC y la emergencia climática.

---

Cuestión 2: ¿Qué planteamientos se podrían proponer para mejorar la tramitación de los proyectos de centrales hidráulicas reversibles?

Ante la evidencia de que las barreras detectadas amenazan el objetivo de descarbonización a 2050, el enfoque legal debe mutar desde un modelo de control fragmentado a un sistema holístico, predecible y orientado a resultados. Se proponen los siguientes planteamientos vertebrales:

A. Desarrollo y Materialización Rigurosa del Expediente Único y Resolución Integrada

El avance más apremiante debe ser la exégesis y el desarrollo reglamentario exhaustivo del artículo 22.2 de la Ley 24/2013, instaurando un auténtico «expediente administrativo unificado». En la práctica, esto supone que la Dirección General de Política Energética y Minas (órgano sustantivo), la Dirección General del Agua (órgano hidráulico) y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (órgano ambiental), deben compartir obligatoriamente una arquitectura y plataforma procedimental común desde el «Día Cero» de la presentación del proyecto. El promotor únicamente deberá presentar un «Proyecto Técnico Consolidado» (acompañado de sus respectivos anexos y estudios de impacto) que servirá de sustrato documental único e inalterable sobre el cual operarán de manera simultánea todas las unidades ministeriales y organismos de cuenca para sus evaluaciones respectivas, eliminando las discrepancias de versión que plagan los expedientes paralelos.

B. Implementación del Principio de Coordinación de Concursos («Alineación Red-Agua»)

Para dinamitar el problema del interbloqueo y evitar la especulación, la administración debe asumir un rol proactivo en la planificación. El MITECO debe realizar una evaluación de alto nivel para identificar geográfica y cartográficamente qué masas de agua (especialmente aquellas con embalses de titularidad estatal existentes) presentan las condiciones técnicas, topográficas y ambientales propicias para albergar instalaciones de almacenamiento reversible de impacto mitigable.

De forma simultánea, y en estrecha colaboración técnica con el Operador del Sistema (Red Eléctrica), la planificación de la red de transporte debe dictaminar y asegurar la disponibilidad de capacidad de evacuación y acceso en los nudos de conexión adyacentes a esos emplazamientos hídricos estratégicos. La solución normativa radical y necesaria es la instauración de una licitación conjunta y simultánea. En lugar de convocar dos concursos disjuntos, las direcciones de agua y energía deben articular un «Concurso Integrado» donde el adjudicatario gane, en el mismo acto, el derecho de prelación para el acceso a la red eléctrica y el derecho preferente para la concesión del uso privativo de las aguas, sometiendo ambos derechos a la condición resolutoria estricta de obtener posteriormente una Declaración de Impacto Ambiental favorable.

C. Consolidación y Sincronización de la Fase de Información Pública

El nuevo articulado reglamentario debe establecer plazos preclusivos, estrictos y vinculantes para la emisión de informes por parte de las diferentes administraciones (patrimonio, medio natural, salud pública, municipios, etc.). Resulta crítico instituir una única «Fase de Información Pública Conjunta» de carácter preceptivo. Durante este periodo temporal único y claramente acotado, los interesados y ciudadanos podrán examinar en bloque todos los vértices del proyecto: el Estudio de Impacto Ambiental, la separata detallada de expropiaciones o afecciones a bienes (para la Declaración de Utilidad Pública), la justificación energética y el diseño y parámetros de explotación hídrica. Las alegaciones presentadas se canalizarán hacia un único «Órgano Instructor Coordinador», que las catalogará y distribuirá a las unidades técnicas correspondientes, centralizando un informe conjunto de respuestas que dotará de solidez y coherencia argumental a la futura resolución administrativa, blindando el proceso ante futuros litigios contencioso-administrativos.

D. Creación Orgánica de una Oficina Nacional de Proyectos Estratégicos de Almacenamiento

En la vertiente de la gobernanza de la Administración General del Estado, se sugiere la creación operativa de una oficina especializada o unidad de coordinación interministerial. Esta figura, actuando como un gestor de proyectos global (Project Management Office) para el Estado, tendría la potestad ejecutiva de asegurar que los hitos críticos del expediente avancen bajo los principios de la economía procesal y la celeridad. Esta oficina sería la responsable de dirimir las discrepancias interpretativas internas entre confederaciones hidrográficas y los organismos energéticos, velando porque los proyectos viables técnicamente no se asfixien en cuellos de botella burocráticos internos.

---

Cuestión 3: ¿Qué elementos o trámites considera que deberían regularse mediante un procedimiento unificado?

Para garantizar que el procedimiento unificado no se convierta en una mera declaración de intenciones vacía de eficacia operativa, y para salvaguardar el escrupuloso cumplimiento de las garantías medioambientales y ciudadanas, el ciclo de vida del trámite unificado debe encapsular de manera indivisible los siguientes hitos y elementos procedimentales :

La Calificación Inicial y Definición del Documento de Alcance Compartido

El flujo debe iniciarse con la remisión por parte del promotor de un Anteproyecto Integral, acompañado del Documento Inicial del Proyecto. Este hito detonaría un periodo de consultas previas estandarizado, en el que el Órgano Sustantivo Energético, el Órgano Ambiental y la Administración Hidráulica (Confederación u organismo autonómico) trabajen en consuno para definir el «Documento de Alcance» del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esto garantiza que el EIA redactado por el promotor abarque todas las expectativas y exigencias hidrográficas (caudales ecológicos, calidad de agua, limnología de los embalses) y energéticas (electromagnéticas, ruido de subestaciones) desde el primer borrador.

Apertura de Información Pública y Consultas Institucionales (Hito Confluente)

Debe consolidarse en un único acto y en una única publicación oficial (con los correspondientes anuncios cruzados en diarios y BOE) la exposición de los siguientes elementos de forma indisoluble :

La solicitud explícita de la Autorización Administrativa Previa (AAP) y la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), detallando la potencia a instalar y las infraestructuras de evacuación asociadas.

La solicitud fundamentada de la Concesión de Aguas para el uso de almacenamiento reversible, exponiendo las reglas de explotación (regímenes de llenado y vaciado de los embalses).

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detallado, incluyendo estudios de reforestación o restitución de flora (como tarajales o hábitats protegidos) si el emplazamiento lo requiere.

La solicitud para la Declaración de Utilidad Pública (DUP), con la Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA) imprescindible para los procesos expropiatorios de terrenos, pozos o derechos de paso de líneas eléctricas.

Subsanación y Retroalimentación Unificada de Modificaciones (Iteración Eficiente)

Si durante la fase de evaluación y consulta pública emergen alegaciones fundadas que obliguen al promotor a reformular aspectos del proyecto (e.g., soterrar un tramo aéreo de la línea de evacuación para proteger avifauna, o modificar la cota de restitución en el embalse), el procedimiento unificado debe prever un mecanismo automatizado por el cual este cambio en el proyecto técnico se actualice instantánea y concurrentemente en la visión del órgano hidráulico y del órgano ambiental, evitando la necesidad de paralizar expedientes o reabrir el trámite general.

El Acto Resolutorio Compuesto e Indivisible:

El procedimiento debe desembocar sin ambages en la expedición de un documento resolutivo integrador y vinculante, firmado por la autoridad competente de la AGE, que conceda en un solo acto de fe pública :

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Favorable, con su anexo de condicionantes ambientales, medidas compensatorias y programa de vigilancia ambiental.

El Otorgamiento definitivo de la Concesión de Aguas, estipulando en su condicionado los usos, dotaciones, y el absoluto respeto a los caudales ecológicos mínimos definidos en los Planes Hidrológicos de Cuenca pertinentes.

El otorgamiento de la AAP, la AAC y la DUP para las instalaciones electromecánicas e infraestructuras anexas. La obtención simultánea de estos tres pilares conforma un hito de «ready to build» (listo para construir) incontestable, que permite a las corporaciones y entes financieros ejecutar sin demoras la inversión millonaria que suponen estas grandes infraestructuras civiles, apuntalando la consecución de las metas del PNIEC.

Fase Procedimental Clásica	Arquitectura del Procedimiento Administrativo Unificado (Propuesta)
Punto de Entrada	Múltiples registros desconectados en Energía, Medio Ambiente y Confederación Hidrográfica.
Definición de Alcance (EIA)	Órgano ambiental define alcance con poca o nula integración de criterios hídricos operativos.
Información Pública	Secuencial, de 3 a 4 exposiciones públicas repetitivas a lo largo de varios años.
Resolución	Actos condicionados (ej. «Autorización condicionada a obtener la concesión…»), inseguridad jurídica.

Tabla 2: Matriz comparativa entre el procedimiento administrativo fragmentado actual y la arquitectura propuesta para el expediente unificado de Centrales Hidráulicas Reversibles.

---

Cuestión 4: ¿Cómo llevaría a cabo la coordinación entre la normativa de aguas y la relativa a los permisos de acceso y conexión a la red?

La coordinación efectiva entre los derechos concesionales hidráulicos y los derechos de evacuación eléctrica constituye la clave de bóveda de toda esta reforma normativa, debiendo pasar de un modelo de asignación ciega y azarosa a un paradigma de planificación estratégica vinculante y concurrencia competitiva holística.

Para resolver este nudo gordiano, la metodología normativa debe estructurarse mediante las siguientes fases de coordinación operativa:

Fase 1: La Planificación Estratégica Proactiva del MITECO

La coordinación no puede nacer tras la solicitud del promotor, debe ser un ejercicio previo del Estado. El Operador del Sistema (Red Eléctrica) en comunión estrecha con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Dirección General del Agua), deben cartografiar las cuencas y presas del Estado y cruzar estos datos con los análisis de saturación y resiliencia de la red de transporte eléctrico.

Cuando se detecten enclaves hidráulicos óptimos (por desnivel topográfico, capacidad de embalses y bajo impacto ambiental inicial), el Estado, haciendo uso irrestricto de las potestades del Real Decreto 1183/2020 (artículos 18 y siguientes sobre concursos de capacidad), debe reservar cautelar y explícitamente la capacidad de acceso en los nudos de la red más próximos a dichas presas. Esta capacidad reservada quedará blindada y sustraída de los concursos generales para generación eólica o fotovoltaica convencional, afectándola exclusivamente al futuro desarrollo de la central de bombeo reversible en esa ubicación.

Fase 2: Convocatoria del «Concurso Integrado de Recursos Estratégicos»

La coordinación definitiva cristalizará al sustituir los procedimientos de competencia de proyectos independientes por un Concurso Público Unificado y Conjunto. La administración energética y la administración hidráulica licitarán, mediante unas bases rectoras comunes, el «paquete» indivisible. Las bases dictaminarán categóricamente que no se puede ser adjudicatario del nudo eléctrico sin ganar la concesión de aguas, y que la concesión de aguas no se otorgará a quien no adquiera la titularidad del acceso al nudo eléctrico.

Fase 3: Evaluación Multicriterio Alineada con la Transición Energética Justa

Para decidir qué proyecto es merecedor del acceso a la red y al recurso agua, las comisiones de valoración de los concursos no pueden basarse meramente en quién ofrece el canon monetario de concesión más alto al erario público. El baremo multicriterio debe ponderar factores alineados con el PNIEC y la resiliencia del Estado :

• Parámetros de Resiliencia y Estabilidad Eléctrica: Puntuación predominante a la provisión robusta de inercia síncrona, capacidad para regular potencia en modo bomba (tecnología de velocidad variable), eficiencia global del ciclo hidráulico (round-trip), volumen máximo de energía almacenable (GWh) y velocidad de respuesta del grupo ante fluctuaciones de frecuencia. Esta ponderación es crítica en sistemas insulares de Canarias o Baleares, donde la seguridad de red prima sobre cualquier otro factor.
• Gestión Integral del Recurso y Restauración Ecológica: Valoración positiva a los proyectos que demuestren una simbiosis con el entorno: minimización de la cota de afección, programas de revegetación con especies autóctonas, medidas compensatorias como la estabilización de taludes, proyectos de economía circular para el uso del material estéril proveniente de las excavaciones, y aportaciones hídricas indirectas a zonas de regadío tradicional o prevención de incendios.
• Impacto Socioeconómico (Reto Demográfico): Favorecer, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 7/2021, los desarrollos que reinviertan en el tejido social y combatan el declive demográfico en los municipios afectados por las expropiaciones y las infraestructuras, impulsando el empleo de proximidad cualificado.

Fase 4: Otorgamiento Condicionado y Mecanismo de Liberación Automática (Caducidad Cruzada)

El adjudicatario final de este Concurso Integrado recibirá, como primer hito consolidado, la reserva firme de los Permisos de Acceso y Conexión en el nudo de la red y la pre-autorización de la concesión hídrica. Para salvaguardar el interés general y evitar el acaparamiento y la especulación corporativa, esta adjudicación contendrá una cláusula férrea de resolución o caducidad cruzada. Si, transcurridos los plazos tasados, el proyecto no logra superar la criba de la Declaración de Impacto Ambiental por motivos técnicos y decae, o el promotor incumple los hitos administrativos de la Autorización de Construcción, tanto los permisos eléctricos del nudo como los derechos concesionales sobre el agua se revocarán de manera automática y simultánea. Esta capacidad volverá íntegra e inmediatamente al control del Estado para su posterior relicitación, garantizando un desarrollo limpio, eficiente y ordenado de la infraestructura de almacenamiento nacional.

8. Conclusión General

El devenir de la crisis climática dictamina que el tiempo se ha convertido en el recurso más escaso y valioso. El esfuerzo masivo para descarbonizar la economía y dotar a nuestro sistema eléctrico nacional e insular de la resiliencia y la inercia necesarias, exige abandonar la pasividad de los viejos marcos administrativos.

Las Centrales Hidráulicas Reversibles (CHR) transcienden el mero concepto de almacenamiento; constituyen gigantescas baterías gravitatorias y poderosos estabilizadores síncronos capaces de asegurar el suministro de sociedades enteras frente a la fluctuación caprichosa del viento y la radiación solar. Sin embargo, la nobleza del fin técnico languidece si el medio procedimental asfixia la inversión mediante bucles ineficientes de consultas repetitivas y bloqueos jurisdiccionales entre la planificación de la red eléctrica y la gestión del agua.

La implementación incondicional de un procedimiento administrativo unificado, sustentado en el espíritu de la Ley del Sector Eléctrico, no es una mera concesión de agilidad a los promotores. Es una política de Estado ineludible. Racionalizar la carga burocrática, consolidar el dictamen ambiental y alinear mediante concursos integrados la adjudicación de la red eléctrica y el dominio público hidráulico, conforma la única vía técnica y jurídica pragmática para movilizar los más de 20 gigavatios de almacenamiento que España necesita desesperadamente antes de que acabe la década. Reformar eficazmente la burocracia hoy, es apuntalar, sin equívocos, la supervivencia climática y el bienestar económico de las generaciones del mañana.