En los últimos días los medios de comunicación locales se han hecho eco de una noticia que en principio pudiera parecer positiva, pero que deja en evidencia los peajes que toda sociedad debe de pagar por utilizar y haber utilizado combustibles fósiles para obtener su energía. Nos estamos refiriendo al comienzo de las obras del desmantelamiento de la Refinería de Cepsa en la capital tinerfeña.
En la mayoría de medios esta ha sido la portada de sus publicaciones dejando de lado otra, que de no realizarse impediría la primera y que consiste en que para desmantelar las instalaciones santacruceras es necesario la ejecución de una terminal de almacenamiento y trasiego de hidrocarburos líquidos (clase B y C) con una capacidad total de almacenamiento de 124.570 metros cúbicos en Granadilla. Dicha instalación estará compuesta por trece tanques cilíndricos de eje vertical y diferentes volúmenes, agrupados en dos cubetos de retención, así como un conjunto de instalaciones auxiliares: bombas, filtros separadores, skids de aditivación y unidades de recuperación de vapores. También será necesario adaptar la alineación del Dique Exterior del Puerto de Granadilla, al objeto de la recepción y suministro de productos petrolíferos.
Esta cuestión se debe fundamentalmente a una exigencia legal que determina que todos los operadores de petróleo tienen la obligación de mantener unas reservas mínimas de gasolina, gasoil o queroseno equivalentes a 90 días de su consumo durante el año anterior.
Obviamente ante esta situación no resulta extraño que voces como la de Jennifer Miranda, portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granadilla, exponga crudamente su frontal rechazo a la situación, en la que su municipio se tiene que plegar a una situación sobrevenida, precisamente por esas pleitesías que tenemos que pagar por un sistema energético, caduco y obsoleto, que no solo degrada al medio ambiente, sino a cualquier desarrollo con visión de futuro, dado que estamos convencidos que CEPSA no hará esas inversiones millonarias para desmantelarlas a la vuelta de la esquina, ante una descarbonización en el 2040, como en teoría plantea el actual gobierno. No hablemos ya, si algún gobierno entrante está conformado por partidos para los cuales el cambio climático es tan solo un tema intelectual de tertulia.
Es ante situaciones tan explícitas como estas, que nos preguntamos:
¿qué hace el gobierno de la nación liberalizando las instalaciones de regasificación de Canarias?,
¿cómo el gobierno de Canarias acepta esta situación y contempla la introducción del gas para barcos y centrales eléctricas?,
¿cómo bendecimos una instalación de GNL en Cueva Bermeja, en pleno centro de Santa Cruz?,
¿es que no hemos aprendido nada con la refinería de CEPSA y sus estertores finales para evitar su completa desaparición?
Hay veces que vemos al gobierno de Canarias como un ser con dos almas. Una de las grandes declaraciones en las que se aboga por la descarbonización, la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, y otra de la defensa de los intereses empresariales de siempre para garantizarse el apoyo de ciertas oligarquías. La primera es la que se saca a pasear, la segunda es la que se utiliza en casa y con los nuestros.
