El 30 de julio de 2023, en torno a las 03:00 de la madrugada se produce un apagón en toda la isla de La Gomera que estuvo coleando varios días. Según fuentes oficiales este cero eléctrico se ocasionó debido a un incendio en la sala de servicios auxiliares, que dejo inutilizados una gran parte de la flota de grupos generadores de la única central de la isla, la central del Palmar. Contrariamente a lo que cabría esperar, los días y semanas siguientes no se establece un debate sobre los motivos del incendio, no se discute el porque una central tiene ubicados todos sus servicios auxiliares en el mismo sitio, no se habla de porque no hay sistemas redundantes que ante la avería de uno el otro pueda seguir funcionando, ni siquiera se exigen las responsabilidad que Unelco Generación SAU, filial de Endesa y propietaria de la planta, debería asumir, el debate se centra en que existe una cantidad importante de grupos con su vida útil regulatoria vencida y se desvía toda la atención hacia las administraciones y una normativa perniciosa que al parecer, ha impedido la renovación de estos grupos.
Por extensión, la clase política y empresarial del archipiélago descubren que el resto de las islas están en las mismas condiciones, a pesar de que esa información era pública y accesible a poco que se buscara. Comienza entonces una suerte de paranoia colectiva, de que se van a producir apagones a mansalva y hay que poner remedio urgentemente. En esta histeria no solo participan colectivos que en principio pudieran desconocer el tema tratado, sino el asunto es avalado por algún ilustre miembro del colegio de ingenieros.
Estando así las cosas en un sector elitista de la opinión pública, el lunes 2 de octubre de 2023 el Gobierno de Canarias se descuelga con toda una Declaración de Emergencia Energética en la que urge al gobierno central a resolver la situación. A penas dos días después, el 4 de octubre, el gobierno de Canarias, a través de la consejería de Transición Ecológica y Energía, publica la convocatoria para presentar las propuestas para la instalación de potencia de generación adicional para cubrir las necesidades de emergencia energética.
Evidentemente, si el inicio de todo este proceso parte del apagón de La Gomera y si la causa fundamental, asimilada de manera general por todos los creadores de opinión, se encuentra en la obsolescencia de los grupos de generación, en esta convocatoria y pensando en buena lógica, se habrá reservado un lugar importante a la instalación de nuevos grupos en la isla colombina. Pues no, contrariamente a lo que se pudiera pensar hay potencia adicional para Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, pero nada para la Gomera.
La presentación de estas propuestas expiraba el 26 de octubre y hasta día de hoy no tenemos ninguna noticia de las ofertas presentadas.
Por otro lado, y según parece, como respuesta a esta declaración de emergencia el gobierno de la nación ha sacado en fechas recientes la Propuesta de Resolución por la que se convoca el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los sistemas eléctricos en territorios no peninsulares. Esta propuesta, que esta publicada para recibir cuantas alegaciones se consideren y que se pueden llevar a cabo hasta el 30 de noviembre de 2023, pretende ser el pistoletazo de salida para la renovación de todos los grupos que tienen su vida útil regulatoria vencida en las islas y que teóricamente acabaría con esta teórica situación de precariedad energética.
En cuanto vimos esta publicación inmediatamente nos enfrascamos en su lectura buscando el apartado de los grupos que se iban a renovar en La Gomera, ya que había sido el detonante de toda esta situación. Pues bien, a pesar de que en La Gomera hay 7 grupos con su vida útil regulatoria caducada, lo que suman un total de 7,38 MW, tan solo se pretenden renovar 2,5 MW, por lo que da la impresión de que tan precaria no era la situación en esta isla.
Existe un célebre pensador de nuestro tiempo que mantiene que cuando quieres llevar a cabo algún proceso que no es del todo aceptado por la sociedad, lo que hay que hacer es crear un problema importante que cause alarma y proporcionar la solución a ese problema, integrando el proceso que no era del todo aceptado.
La Transición Energética a las renovables y la descarbonización para el 2040 del territorio canario, contenidas en el PTECAN, no ha sido digerida adecuadamente por los sectores poderosos del archipiélago. Si a eso le sumamos la insistencia por introducir el gas en el archipiélago, tenemos el coctel perfecto, para necesitar unas medidas de choque suficientemente contundentes para que nadie ponga objeciones.
El 30 de julio descubrimos que tenemos un caos en la generación eléctrica, debido a una normativa que lastra todos los procesos de renovación de los grupos generadores de Canarias. El 30 de noviembre, tan solo cuatro meses después y utilizando esa misma normativa que no dejaba hacer nada, se va a tener la solución a todos nuestros problemas, con los únicos efectos colaterales, desgraciadamente, que nos quedamos sin Transición energética y con el gas natural como combustible estrella de nuestras centrales eléctricas.
Punto, juego, set y partido de una manera absolutamente genial. Eso hay que reconocerlo.
