Desde Salto a la Transición Ecológica queremos mostrar nuestro apoyo a las declaraciones de la Federación Ecologista Ben Magec en el sentido de rechazar de forma tajante la instalación de una planta de gas en el puerto de La Luz y consideramos desacertadas la réplica dada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Don Luis Ibarra.
Según las informaciones que tenemos, Totisa Holdings, S.A.U. había solicitado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas concesión de dominio público portuario para ocupar una superficie de 15.440,80 m² en los rellenos de la Dársena de La Esfinge, 38.226 m² de lámina de agua en la misma zona y 2.312 m² de canalizaciones subterráneas para la «construcción y explotación de una Planta de almacenamiento de gas natural licuado (GNL), regasificación y producción de energía». La producción de energía estaría a cargo de una turbina de gas de 70 MW, que según informa la propia empresa, estará destinada a cubrir las necesidades eléctricas del propio puerto.
En primer lugar, no creemos que los promotores de la iniciativa empresarial vayan a perder oportunidades de negocio, y dedicar la turbina de gas, mediante una isla energética, únicamente a cubrir las necesidades del puerto, sería una decisión muy poco eficiente desde el punto de vista económico. En todo sistema eléctrico, la demanda y la generación tienen que ir al unísono, y por lo tanto, las variaciones de demanda del puerto tendrían que ser soportadas solamente por la turbina en cuestión, por lo que los recursos tanto técnicos como de personal se tendrían que incrementar. En cambio, si esa turbina funcionara permanentemente a su potencia nominal conectada a la red, no solo disminuirían los recursos, sino que además se maximizaría la producción de energía eléctrica y por tanto sus ingresos económicos. Amén de lo descrito, en caso de no conectarse a la red, se tendría que articular toda una suerte de sistemas propios para contabilizar, facturar y cobrar la energía generada.
Por todo lo dicho, estamos convencidos de que la turbina se integrará dentro del sistema eléctrico de Gran Canaria, pasará a ser operada por REE como un grupo más de generación y las instalaciones del puerto, junto con los barcos que se atraquen, continuarán abasteciéndose de la red general de la isla como hasta ahora.
En segundo lugar, para nada esta turbina de gas va a favorecer la penetración de renovables, precisamente es todo lo contrario, atenta directamente contra las pretensiones del gobierno de Canarias de descarbonizar el archipiélago en 2040. Al parecer Don Luis Ibarra desconoce que la vida útil regulatoria de algunas de las instalaciones de gas es de 50 años, por lo que si esta instalación comienza a funcionar en 2023, sus promotores podrán exigir que pueda continuar funcionando hasta el 2073. Pero es que si por algún casual, alguna administración quisiera saltarse este extremo, allí estaría el Tratado de la Carta de la Energía, firmado por España y otros 52 países de Europa y Asia, que permitiría a cualquier inversor demandar al país si considera que se ha legislado en contra de sus intereses económicos. Sirva de ejemplo que España acumula 51 demandas por parte de fondos de inversión y empresas extranjeras que demandaron al país por el recorte a las renovables.
Además, la única forma de aumentar la penetración de renovables es aumentar el parque instalado de estas tecnologías conjuntamente con la proporción adecuada de centrales hidroeléctricas reversibles y la generación de hidrógeno con los excedentes producidos. El hecho de mantener centrales térmicas en el sistema (aunque sean de gas) solo demora la penetración de renovables, al condenarlas a un porcentaje de la generación que haya en cada momento.
Por último, diversos estudios ya han demostrado que el uso de GNL en los barcos es incluso más perjudicial para el medio ambiente que el propio fuel, al emitir a la atmósfera ingentes cantidades de metano no combustionado, que es 80 veces más perjudicial para el calentamiento global.
En definitiva, total acierto de Ben Magec en sus planteamientos y desafortunada réplica de la Autoridad Portuaria en boca de su presidente, ante las inexactitudes de sus declaraciones y la falta de fundamentos técnicos en que se soportan.
