Hace pocas fechas escribíamos acerca de la aprobación por parte del Gobierno de la Nación de la Orden TED/1315/2022 de 23 de diciembre, en la que se terminaba de cerrar el ciclo de los parabienes a la introducción del gas en Canarias. Este espaldarazo definitivo al gas en las islas contrasta con una serie de iniciativas del Gobierno Autonómico con el fin de descarbonizar las islas y que culmina con la publicación, el último día del pasado año en el BOC, de la tan controvertida Ley de Cambio Climático, que, entre otras cosas, refrenda normativamente, la obligatoriedad de descarbonizar el archipiélago en el 2040. Ambas circunstancias parecen cuando menos contradictorias dado que algunas instalaciones que componen las infraestructuras gasísticas, poseen una vida regulatoria de hasta 50 años.
Por otro lado pareciera que el orden natural de las cosas fuera que primero se crearan las bases jurídicas y normativas de un determinado negocio y a posteriori se desarrollaran los proyectos empresariales de ese negocio. Pues bien, en este caso, ese supuesto orden natural no se ha cumplido, porque si bien el aspecto normativo se ha cerrado en estos días, hace ya años que venimos conociendo iniciativas que ya realizaban trámites administrativos, que en caso de que la legislación no fuera la adecuada, resultarían ruinosos para el futuro de los comentados proyectos.
Esos proyectos, de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, corresponden a los de la empresa TOTISA HOLDINGS S.A. que tiene intenciones de realizar sendas instalaciones para almacenamiento de gas natural licuado en los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, compuestas de dos tanques de almacenamiento, las infraestructuras necesarias para abastecer a los barcos, así como una planta de generación eléctrica con cuatro motores de 17,5 MW, la subestación y la línea de alta tensión para conectarlas con los sistemas eléctricos respectivos.
Por otro lado, tenemos el proyecto de Sampol Ingeniería y Obras S.A. que planea la instalación de una central eléctrica de gas natural en el Polígono de Granadilla con una capacidad de 120 MW de potencia con ocho motores de 11,5 MW y cuatro de 7 MW.
Por último, tenemos el proyecto de Endesa que pretende atracar en el dique de abrigo de Granadilla una unidad flotante de almacenamiento que le permita enviar gas natural licuado hasta la central existente.
Todas estas instalaciones ya han realizado gestiones ante las distintas administraciones portuarias, dando por sentado que la dirección de las soluciones legislativas iban a ser las adecuadas.
Desde “Salto a la Transición Ecológica” y ante el atronador silencio que mantienen las administraciones locales y las fuerzas políticas del territorio, no podemos dejar de observar, con mucha preocupación, como los intereses empresariales se superponen a los intereses de la población, al respaldar por omisión, la sublimación de un combustible fósil que, no por contaminar un poco menos, deja de ser nefasto para la salud del planeta y que producirá de facto, un retroceso inasumible en la descarbonización de las islas, tan necesario para el devenir de nuestros conciudadanos.
Para terminar, felicitar a los que proponían la introducción de grupos pequeños como alternativa a las centrales hidroeléctricas de bombeo, para facilitar la penetración de renovables, porque han suministrado la coartada perfecta para que el GNL se abra paso en el sector energético de las islas.
