Se consumó

En escrito del 16 de mayo ya alertábamos de las implicaciones que suponía el punto 1 de la disposición final cuarta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, donde se eliminaba de un plumazo, la autorización administrativa para la instalación de plantas de regasificación destinadas a alimentar la generación eléctrica, a puertos y a buques. En escritos posteriores hemos venido advirtiendo de las intenciones de varias empresas de instalar infraestructuras de almacenamiento de gas natural licuado, así como equipos generadores de electricidad basados en este combustible, concretamente en los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, así como en el Polígono de Granadilla. Pues bien, a finales del mes de diciembre pasado, se ha aprobado por parte del gobierno de la nación la Orden TED/1315/2022  de 23 de diciembre, por la que en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2021, recaída en el recurso contencioso-administrativo 301/2020, se regulan las subastas para el suministro de combustible y determinación del precio de combustible, se autorizan nuevos combustibles, se establecen los valores unitarios de referencia, aplicable a las instalaciones de producción de energía eléctrica ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional, y  se revisan otras cuestiones técnicas.

Esta nueva norma, en su articulado, refleja una nueva situación que es, bajo nuestro punto de vista, altamente dañina para las islas, al recoger en su artículo 3, el siguiente literal:

“Se aprueba el empleo del combustible gas natural en grupos generadores ubicados en los territorios no peninsulares de Canarias y Melilla a efectos del régimen retributivo adicional establecido en el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio”.

Con este redactado se le da el espaldarazo necesario para que la generación eléctrica que use como combustible el gas natural, se convierta en un negocio altamente lucrativo, al verse beneficiado por el denominado “régimen retributivo adicional”, que básicamente consiste en percibir, además de los emolumentos propios del negocio eléctrico, unas cantidades extras por las dificultades añadidas de generar electricidad en los territorios extrapeninsulares.

En definitiva, con esta Orden el gas natural se convierte de facto en un combustible más de las islas, dando el pistoletazo de salida, para hacer buenos todos aquellos proyectos que estaban en la recámara, pendientes de esta norma, tanto sean de nueva creación, como de existentes que se adecuen al nuevo combustible.

Ahora que esta cuestión es ya una realidad, creo que los habitantes del archipiélago estamos completamente legitimados para exigir las responsabilidades oportunas a los titulares de tremenda tropelía. Pero cuando se empieza a enfocar estas responsabilidades, el panorama es desalentador. Por un lado, tenemos a los miembros del gobierno autores de la norma, en este caso PSOE y Unidas Podemos, por otro tenemos al PP y CC que en múltiples ocasiones han manifestado sus fervientes deseos de introducir el gas en las islas, por lo que habrán aplaudido la medida hasta la extenuación. Por último, tenemos a NC y ASG que tampoco han realizado una oposición franca a esta medida.

Ya sabemos todos lo que va a pasar. Esta norma dormirá el sueño de los justos hasta que pasen las elecciones de mayo y una vez que esto ocurra se dinamizará de una manera inusitada la instalación de todos estos proyectos, aprovechando que quedan 4 años de legislatura y los votantes olvidan con facilidad.

Lo lamentable de todo esto es que existe alternativa y esa alternativa la ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Canarias con el desarrollo del PTECAN y sus estrategias. Esta alternativa consiste en una transición acelerada a las renovables, a la tecnología del hidrógeno verde y todo conducido por las centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo puro.

Lastima del PTECAN y de la Ley de Cambio Climático recientemente aprobada por el Parlamento canario que preveía la descarbonización del archipiélago en el 2040, porque teniendo en cuenta los trámites y los tiempos de construcción, ¿alguien piensa que se van a hacer infraestructuras gasísticas en las islas para desmantelarlas en diez años?.

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