Desde Salto a la Transición Ecológica queremos denunciar el clima que se está creando de exoneración de responsabilidades en caso de apagones generalizados y de larga duración o incluso “ceros energéticos”, en los sistemas eléctricos canarios. Leyendo y oyendo las declaraciones de ciertos políticos, determinados empresarios y profesionales del sector eléctrico, pareciera que ha existido una conspiración “judeomasónica” que ha impedido que los grupos de generación pudieran ser renovados y que estos han llegado al final de su vida útil regulatoria teniendo que continuar funcionando muy a pesar de la empresa propietaria. Según cuentan, una “legislación perniciosa” y una “política energética endiablada”, dentro de la que se encuentra una “caótica e innecesaria transición a las energías renovables”, han puesto en peligro, sin solución de continuidad, la generación y con ello todo el sistema eléctrico.
Comenzando por lo obvio, un equipo que alcanza su vida útil no es otra cosa que un equipo ha alcanzado lo que su fabricante considera idóneo para un funcionamiento óptimo, pero para nada significa que ese equipo tenga que fallar, tener averías o estropearse al día siguiente de cumplir esa fecha. Si ese equipo ha tenido las revisiones exigidas por el fabricante, cambiado los componentes necesarios según sus horas de funcionamiento, realizado los rectificados oportunos en caso de necesitarse y actualizados convenientemente sus elementos accesorios, fundamentalmente en sus servicios auxiliares, ese equipo puede estar funcionando sine die. De hecho, suele ser muy común, que generadores del primer mundo de pequeña potencia sean enviados a terceros países donde continúan funcionando sin mayores problemas. Si esto es así, que lo es, y el propietario del grupo generador está recibiendo los emolumentos correspondientes por ese grupo, es lógico exigirle la misma responsabilidad que por cualquier otro grupo nuevo. Para más inri, solo hay que tener en cuenta que la principal beneficiaria por estas practicas es precisamente la empresa propietaria, porque está recibiendo pingues beneficios por un grupo que está más que amortizado y más en Canarias con el Régimen Retributivo Adicional.
Continuando por esa “legislación perniciosa” tenemos que referirnos necesariamente a la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que intenta conseguir algo tan “demencial” como es el acabar con un monopolio de facto que existe en la generación en Canarias por parte de Endesa. No es cierto que esta Ley prohíba la instalación de nuevos grupos lo que dice textualmente es: “No se podrá otorgar el régimen retributivo adicional destinado a la actividad de producción en los territorios insulares y extrapeninsulares previsto en el artículo 12.2, ni el régimen económico primado previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 30 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, a nuevas instalaciones en los sistemas insulares y extrapeninsulares que sean titularidad de una empresa o grupo empresarial, definido según lo establecido en artículo 42 del Código de Comercio, que posea un porcentaje de potencia de generación de energía eléctrica superior al 40 por ciento en ese sistema”. Pero acto seguido si manifiesta con claridad meridiana algo que entronca totalmente con el contenido de este artículo: “Quedan exceptuadas de la limitación regulada en este apartado, las inversiones de renovación y mejora de la eficiencia que no supongan aumento de capacidad que se realicen en una central en explotación, en los términos que se establezcan reglamentariamente, previa aplicación del procedimiento previsto en el artículo 2 de esta Ley”.
En definitiva, tal y como lo vemos nosotros, no encontramos razones legales fundadas para que los grupos de generación de las centrales canarias, no se encuentren en perfecto “estado de revista” y que garanticen el servicio por el que se le retribuye.
Teniendo en cuenta las razones esgrimidas y dado que la actualización por grupos nuevos nos puede llevar entre siete u ocho años, desde Salto a la Transición Ecológica queremos exigirle a las administraciones autonómica y estatal que se articulen los siguientes mecanismos:
- Una auditoría exhaustiva de los grupos de nuestras centrales con especial hincapié en los servicios auxiliares. Esta auditoría no puede ser adjudicada, como suele ser costumbre, ni a nuestras universidades ni a empresas locales, dado que, a pesar de tener excelentes profesionales y expertos en todas ellas, el carácter sumamente especializado de lo que se pide, exige personal que esté continuamente trabajando en la materia.
- Fruto de la auditoría anterior aparecerán diferentes anomalías que se deberán subsanar de manera inmediata y con plazos muy acotados, que solo se puedan dilatar por causas muy justificadas.
- Exigirle desde ya, a la empresa propietaria, que no se limite a realizar mantenimientos correctivos como es público y notorio que viene realizando, sino debido a la importancia vital del servicio que proporciona, deberá incluir los mantenimientos predictivos y preventivos que la empresa auditora crea conveniente.
Sinceramente creemos que estas exigencias están del todo justificadas, la notoriedad del servicio que se pretende salvaguardar lo requiere y el derecho a un suministro eléctrico sin interrupciones y de calidad, de los canarios lo precisa.
