Recientemente hemos podido conocer que el Gobierno de Canarias ha denegado la autorización administrativa para el cierre y desmantelamiento de distintos grupos diésel en las centrales eléctricas de Lanzarote y Fuerteventura, concretamente son los grupos diésel 1, 2 y 3 de Punta Grande en Arrecife y los grupos 1, 2, 3 y 4 en la Central de Salinas en Puerto del Rosario.
Para hacernos una idea de las magnitudes, la Central de Punta Grande tiene una potencia instalada, en diferentes grupos, del orden de unos 204 MW y la potencia que se pretende desmantelar es de 19,5 MW. Por su parte la Central de Las Salinas tiene una potencia instalada de 160 MW y la potencia que se deseaba desinstalar es de 17,9 MW.
En lo que se refiere a su puesta en marcha y su fin de vida útil regulatoria tenemos lo siguiente:
Central de Punta Grande:
- Diésel 1. Puesta en marcha en 1986. Fin de vida útil regulatoria en 2011.
- Diésel 2. Puesta en marcha en 1986. Fin de vida útil regulatoria en 2011.
- Diésel 3. Puesta en marcha en 1987. Fin de vida útil regulatoria en 2012.
Central de Las Salinas:
- Diésel 1. Puesta en marcha en 1975. Fin de vida útil regulatoria en 2000.
- Diésel 2. Puesta en marcha en 1976. Fin de vida útil regulatoria en 2001.
- Diésel 3. Puesta en marcha en 1980. Fin de vida útil regulatoria en 2005.
- Diésel 4. Puesta en marcha en 1981. Fin de vida útil regulatoria 2n 2006.
Con todos estos datos sobre el tapete podemos sacar muchas consecuencias:
En primer lugar, vincular vida útil regulatoria con la integridad funcional del grupo es una autentica falacia. Ahí tenemos el ejemplo del Diésel 1 de Las Salinas que hace cerca de 50 años que comenzó su producción y aún así, el Gobierno de Canarias a petición del Operador del Sistema, sigue considerando que está en condiciones de continuar en funcionamiento. La vida útil regulatoria (VUR), tasada normalmente en 25 años, lo único que especifica es el tiempo que se le garantiza al propietario que cobre cuantas retribuciones adicionales puedan existir. Por eso y siempre presuntamente, la jugada de Endesa era obligar al Gobierno de Canarias a dictar la denegación del cierre, para que, de esta forma, no se le puede denegar el seguir cobrando la retribución adicional, a pesar de que su VUR caducó allá por el 2000. Exactamente la misma jugada que para el resto de los grupos.
En segundo lugar, todo el alarmismo último que se ha producido con la declaración de emergencia energética y la petición de la puesta en marcha del proyecto de concurrencia competitiva, para dotar de nueva generación a las centrales de Canarias, escudándose en que muchos grupos ya habían cumplido su VUR, se manifiesta totalmente a destiempo, dado que este se debería haber entonado en la primera década de nuestro siglo atendiendo a los valores expuestos de Lanzarote y Fuerteventura. En realidad, todo parece apuntar a crear el clima adecuado para que ciertas empresas, como pueda ser TOTISA HOLDING S.A. con su proyecto de Central Eléctrica de gas natural en el muelle de la Luz, puedan llevar a cabo sus intensiones sin demasiada contestación social.
En tercer lugar, se pone de manifiesto que, a nuestra empresas y gobierno autonómico, les da lo mismo seguir utilizando grupos de combustión que fueron aprobado e instalados con normas mucho más antiguas que cuando se acuerda, el ya vetusto pero importantísimo, Protocolo de Kioto, que entra en vigor allá por 2005. Cuando aprenderemos que ya no es hora de quemar combustible fósil, sino de apostar decididamente por las renovables como fuentes de generación eléctrica.
En cuanto lugar, constatar el grado de enriquecimiento que Endesa a tenido en nuestro territorio a costa de la retribución adicional y el juego de tira y afloja que se tiene con las administraciones, Un grupo que tendría que dejar de percibir los pingues beneficios que suponen el régimen de retribución particular en Canarias, desde el 2000, lleva mas de 24 años de beneficios extras y lo que queda.
En definitiva, una vez más se pone de manifiesto que el sistema de generación eléctrica, que tanta contaminación produce, no está pensado por el bien y para el bien del ciudadano y del medio ambiente, tan solo está pensado para que unos pocos atesoren grandes beneficios, sin mirar a costa de quien o de que.
