En estos días, el debate energético en Canarias vuelve a ocupar titulares tras las declaraciones del Consejero de Transición Ecológica sobre la crítica situación de la central de Los Guinchos, en La Palma. Se nos informa, con cierto dramatismo, de que allí operan equipos con más de treinta años y más de 400.000 horas de servicio, frente a unas 100.000 horas que marca su ciclo de vida útil. La alarma, legítima, parece justificar la toma de medidas de emergencia y la necesidad urgente de reforzar la generación insular.
Sin embargo, la forma en la que se traduce esta supuesta emergencia al diseño de políticas públicas y asignación de recursos resulta, cuando menos, paradójica. Los nuevos grupos de generación de emergencia, tan anunciados y esperados tras el “cero energético” de La Gomera, no se instalarán en las islas donde la precariedad técnica es mayor, como La Palma o la propia La Gomera, sino que irán destinados a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. La desconexión entre diagnóstico y respuesta no puede ser más evidente.
Pero lo realmente preocupante es que, en el fondo, todo este relato sobre la “emergencia” y el déficit de generación parece orientado a perpetuar un modelo energético basado en combustibles fósiles y a justificar la introducción de gas en el mix canario, más que a acelerar la verdadera transición hacia las energías renovables. No es casualidad que, mientras se insiste en la necesidad de grupos diésel o de gas para “garantizar el suministro”, la penetración renovable en Canarias apenas supera el 20% anual según los últimos datos de Red Eléctrica, muy por debajo de su potencial real.
La evidencia técnica es contundente: la obsolescencia de los grupos térmicos y la escasa reserva de potencia firme son síntomas de un sistema que ha invertido demasiado poco en modernización y diversificación. En vez de “dar una patada hacia adelante” con nuevas inversiones en equipos fósiles, el sentido común y la experiencia internacional apuntan hacia el despliegue decidido de renovables, el almacenamiento y la gestión inteligente de la demanda.
Las propias recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y la Unión Europea son claras: en sistemas insulares, la solución de futuro no pasa por reforzar la dependencia de combustibles fósiles, sino por la integración eficiente de renovables, baterías y flexibilidad en la red. Cada euro invertido en nuevas centrales de gas o grupos diésel es un euro que se deja de invertir en el futuro de las islas.
Además, perpetuar el relato del déficit para justificar infraestructuras fósiles retrasa la descarbonización y choca frontalmente con los compromisos de Canarias y España ante la emergencia climática. El reciente informe del IPCC recuerda que las regiones insulares serán, precisamente, de las más vulnerables al cambio climático. Apostar por una transición a medias, condicionada por la inercia de los combustibles fósiles, no solo es un error estratégico: es una irresponsabilidad.
La ciudadanía canaria merece una política energética valiente, que apueste de verdad por la autosuficiencia, la modernización y la sostenibilidad. La transición ecológica no puede ser un mero relato, ni una justificación para mantener el statu quo de quienes llevan décadas lucrándose con el petróleo. El momento de las excusas y de las “soluciones provisionales” ha pasado: es hora de invertir, con ambición, en el único camino posible si queremos seguridad energética, futuro económico y justicia climática en las islas.
