Título: La Palma no merece oscuridad: exigencia de rigor y futuro energético digno
En la última sesión de la Comisión de Transición Ecológica del Parlamento de Canarias, el sistema eléctrico de La Palma volvió a situarse en el centro del debate. No por méritos de innovación, ni por su contribución a la transición energética, sino por el enésimo “cero energético” sufrido por la isla, el pasado 10 de junio, que dejó a decenas de miles de personas sin suministro durante horas. Un episodio que, lejos de ser anecdótico, resume una década de negligencia, lentitud institucional y respuestas evasivas.
Frente a esta realidad, la diputada socialista Alicia Vanoostende Simili ofreció una intervención ejemplar, cargada de responsabilidad, conocimiento técnico y un profundo respeto hacia la ciudadanía palmera. Lo hizo sin estridencias, pero con la firmeza de quien sabe que ya no caben más excusas. Reiteró, con rigor, preguntas formuladas dos semanas antes que seguían sin respuesta: ¿Dónde está la auditoría independiente anunciada por la Consejería tras declarar la emergencia energética? ¿Qué concluyen los informes de Endesa y Red Eléctrica? ¿En qué consiste exactamente el plan de contingencia previsto ante la llegada del verano y de miles de personas con motivo de la Bajada de la Virgen?
El consejero Zapata, en su respuesta, volvió a optar por un lenguaje técnico algo huidizo, que pareció más pensado para suavizar la inquietud política que para clarificar la situación. Habló de «auditorías internas realizadas por funcionarios», de un «plan de acción» que no se concretó y de una revisión en marcha de las líneas eléctricas y nudos críticos. Aunque reconoció, esta vez sí, que de las ocho medidas de seguridad previstas para evitar el apagón solo funcionó una, eludió cualquier mención directa a posibles errores de gestión o falta de previsión por parte de su departamento.
Lo cierto es que la réplica de Vanoostende desmontó elegantemente la narrativa oficial: el apagón no fue provocado por obsolescencia de los grupos generadores, como se ha querido hacer ver, sino por un fallo en un grupo moderno y, sobre todo, por la inoperancia de los sistemas de seguridad de la propia central térmica. Una lectura que abre interrogantes muy serios sobre los protocolos, las inversiones efectivas y la supervisión operativa de las infraestructuras energéticas.
Además, su intervención introdujo una dimensión simbólica e histórica: La Palma fue el primer territorio insular con alumbrado público eléctrico en España, en 1893, siendo entonces un modelo de modernidad. Que más de un siglo después siga sufriendo apagones estructurales es, sencillamente, inaceptable. Y aún lo es más que se sigan dando respuestas a medio camino entre el tecnicismo burocrático y la resignación.
La diputada socialista no se limitó a fiscalizar. Ofreció propuestas, reclamó consenso, propuso un «lobby palmero» para definir el modelo energético de isla que se desea: uno basado en renovables, geotermia, almacenamiento, y con ambición de siglo XXI. Una visión que, lamentablemente, no encontró reflejo en la respuesta del consejero, quien se mostró una vez más excesivamente dependiente del relato justificativo y poco claro en los plazos y medidas concretas.
La Palma necesita certezas, valentía y una planificación estratégica que esté a la altura del momento histórico. No puede seguir esperando. Y su ciudadanía, como bien expresó la diputada Vanoostende, merece saber la verdad sin eufemismos ni ambages. Porque en materia energética, lo que está en juego no es solo el suministro, sino la dignidad, la seguridad y el futuro de una isla que ya ha sido lo suficientemente golpeada.
Desde este espacio, nos sumamos a la llamada al consenso, al trabajo riguroso y a la rendición de cuentas. Lo ocurrido el 10 de junio no puede repetirse. Y no lo hará si, como sociedad, decidimos no volver a mirar hacia otro lado.
